El juez Danilo Pereira ordenó la salida de prisión del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, según un documento del tribunal, después de que sus abogados pidiesen su libertad formalmente el viernes tras un fallo adoptado por el Tribunal Supremo.
Pereira señaló que “ya no existen fundamentos para la ejecución de la sentencia”. El jueves por seis votos a cinco los jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) decidieron que una persona no puede ser considerada culpable hasta que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Al antiguo líder sindical le quedan todavía recursos pendientes, por lo que ha quedado en libertad.
“La decisión del STF le ha dado [a Lula] una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica continúa y nuestro foco es la anulación de todo el proceso que llevó a su condena”, comentó esta mañana el abogado del petista Cristiano Zanin.
Se espera que Lula ofrezca un discurso ante sus simpatizantes, que llevan desde el jueves frente a la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, donde ha estado durante un año y siete meses.
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Pereira determinó que las autoridades ajusten protocolos de seguridad para evitar tumultos y riesgos de las seguridad pública.
Después está previsto que viaje a su residencia en Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, en un avión fletado por el Partido de los Trabajadores (PT). Según el diario la Folha de S. Paulo, la idea es que descanse hasta el domingo, cuando realizará un acto en el Sindicato de Metalúrgicos de ABC, donde habló por última vez antes de entrar en prisión.
Nada más conocerse la noticia, Lula colgó un vídeo en las redes sociales en la que se le ve haciendo deporte y levantando pesas y en el que agrega una frase: “Lula libre”.
El expresidente (2003-2010), de 74 años, cumplía desde abril de 2018 una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex, en el marco de la ‘Lava Jato’.
“Creo que habrá justicia en este país siempre y cuando las personas se den cuenta de que la mentira no puede prevalecer”, dijo Lula en una reciente entrevista en exclusiva con RT. “Y que el Tribunal Supremo de Brasil, como institución garante de nuestra Constitución, permita que las cosas vuelvan a funcionar normalmente y no dejará que la mentira prevalezca sobre la verdad”, vaticinó.
En los 19 meses que ha estado preso, Lula salió de prisión dos veces. La primera para una comparecencia en 2018 y la segunda para ir al funeral de su nieto el pasado mes de marzo.
La decisión del STF ha supuesto un duro golpe para el ministro de Justicia, Sergio Moro, que estuvo al frente como exjuez en la mayoría de los juicios de la operación anticorrupción de Lava Jato, entre ellos el de Lula.
El viernes, en una nota enviada a la prensa, el ministro defendió las condenas en segunda instancia. “Continuaré defendiéndola. La decisión de la mayoría del STF debe ser respetada. El Congreso puede, en cualquier caso, alterar la Constitución o la ley para permitir la ejecución nuevamente en segunda instancia”, afirmó.
El presidente del Gobierno, Jair Bolsonaro, no ha hecho ningún comentario al respecto, y esta mañana se limitó a alabar en un acto a su ministro de Justicia.
Denuncia ser víctima de una conspiración
Lula fue condenado también a 12 años y 11 meses de cárcel por corrupción y lavado de dinero en la reforma de una casa en Atibaia, Sao Paulo, pero la condena no está confirmada en segunda instancia. Además, tiene por lo menos otros seis procesos abiertos ante la Justicia.
El líder del PT siempre ha negado las acusaciones y alega que ha sido víctima de una conspiración para impedir que se presentara a las elecciones presidenciales de octubre de 2018.
Esta tesis cobró fuerza cuando el pasado verano, el portal The Intercept Brasil filtró unas conversaciones entre Moro y los fiscales del caso Lava Jato que ponen en duda su imparcialidad.
La medida también afecta a unos 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en la Operación anticorrupción Lava Jato, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los considerados peligrosos o que fueron presos de manera preventiva no accederán a la libertad. La Justicia analizará caso por caso después de que los abogados de cada preso pida la correspondiente revisión.
Según datos del Ministerio Público Federal (MPF), recogidos por la prensa local, hay 74 presos de la Lava Jato en Paraná con condenas en segunda instancia y 38 de ellos podrían tener algún beneficio por la decisión del STF.
Fuente: https://actualidad.rt.com/
