Costa Rica: 29 detenidos tras allanamientos en Casa Presidencial, MOPT, Conavi y constructoras

Desde la mañana de este lunes los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con el Ministerio Público, realizan múltiples allanamientos en 57 puntos del país, entre ellos Casa Presidencial, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Hasta el momento se han detenido a 29 personas entre funcionarios públicos y trabajadores de las empresas constructoras involucradas Meco, H.Solís, Constructora Herrera y Cacisa. 

La diligencia policial se realiza para investigar diferentes hechos como delitos de peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, tráfico de influencias, entre otros.

Según indicó el director del OIJ, Walter Espinoza, este caso está relacionado con corrupción en la función pública, así como violaciones a los deberes de probidad y malversación de fondos en la construcción de obras públicas como carreteras y vías.

“Este es uno de los casos más importantes en los que ha trabajado el Ministerio público y el OIJ. En el año 2019 recibimos información confidencial sobre que un grupo de funcionarios públicos se reunían con miembros de empresas privadas, que eran las que siempre ganaban las adjudicaciones, y que estaban malversando fondos que afectaban el erario público”, dijo Espinoza.

La Policía Judicial ha identificado a 33 personas las cuales serán detenidas este lunes. Todas estarían vinculadas con esta temática de sobornos, regalías y gratificaciones irregulares.

Al parecer, hay un comportamiento importante del sector privado para logar ventaja en las adjudicaciones.

“Las investigaciones indican que ha habido un pago de fondos y presupuestos adelantados para cometer los delitos y al parecer se han malversado unos 78 mil millones de colones. Esto nos permite develar algo que afecta muy profundo las buenas prácticas en la gestión pública de los costarricenses”, comentó Espinoza.

Además de Casa Presidencial y el MOPT, se realiza un allanamiento en las oficinas centrales del Consejo Nacional de Vialidad y otros más en Santa Ana, Escazú, Heredia y Desamparados.

Fuentes oficiales indicaron que en total son 4 empresas las involucradas en los supuestos sobornos: H Solís, Meco, Constructora Herrera y Cacisa.

Al parecer, los encargados de estas empresas ofrecieron dinero, carros, viajes y en ocasiones pidieron hasta favores sexuales. Hasta el momento, las personas detenidas que trabajan en estas empresas y que serían altos jerarcas son, un hombre de apellidos Cerdas (Meco) y una mujer de apellido Solís (H Solís).

También fue detenido un hombre de apellido Solís que trabaja como gerente financiero del Convavi. Varios fondos de la Ruta 32, Circunvalación, mantenimiento de carreteras y dinero de otras obras habrían sido desviados a otros proyectos.

En estos allanamientos está trabajando todo el personal del OIJ.

Más investigaciones

De acuerdo con la FAPTA, en el expediente 19-000025-1218-PE se investigan presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios públicos del CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ministerio de Hacienda, así como de personas particulares de empresas constructoras.

Las diligencias judiciales solicitadas por la FAPTA ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José se ejecutaron en las casas de habitación de los sospechosos, ubicadas en diversos puntos del Área Metropolitana, así como en las oficinas de cada uno de estos y en las empresas de interés, localizadas en San José y en San Carlos.

La Fiscalía Anticorrupción confirmó que unos de los sitios que se allana es una oficina que está dentro de Casa Presidencial, que es usada por asesores presidenciales; no es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes.

La prueba que se procura obtener en esos sitios es documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes para el proceso que se tramita, conforme lo dicta la ley en este tipo de diligencias y con la presencia de un Juez Penal de Garantías en cada lugar.

Las personas imputadas se encuentran a la orden de la FAPTA en calidad de detenidas y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria; tras el análisis de la situación particular de cada una de estas, la Fiscalía valorará la solicitud de medidas cautelares, mientras avanza la investigación.