El nuevo gobierno de Argentina, encabezado por el presidente Alberto Fernández, puso en vigor este viernes un protocolo para garantizar la interrupción legal del embarazo en casos de violación o que la vida de la mujer esté en peligro.
El ministro argentino de Salud, Ginés González García, informó ayer jueves en rueda de prensa que a partir de este viernes entra en funcionamiento un procedimiento, mediante el cual se les garantizará el aborto no punible a las mujeres y niñas que hayan resultado embarazadas por violación.
“Iniciamos un camino, que es el de la aplicación de la ley, y creemos que va a haber algunas organizaciones antiderechos que van a cuestionar”, manifestó el funcionario.
Sin embargo, defendió que “nosotros estamos dando un instrumento sanitario para que se cumpla la ley y los derechos de la persona que lamentablemente está en situación de interrupción voluntaria del embarazo”.
La nueva “guía de procedimientos para todos los profesionales de la salud del país” tiene el objetivo de ajustar los alcances del protocolo ya existente desde 2015 sobre Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
El protocolo otorga un marco legal para la interrupción del embarazo en casos en que la salud de la mujer estuviera en riesgo, o en que el embarazo hubiera sido producto de una violación.
En Argentina, país de mayoría católica, la ley permite la interrupción del embarazo en caso de violación o amenaza a la vida o la salud de la madre, sin embargo, esa norma no siempre se aplica, además de que los hospitales locales deciden qué casos caen bajo los criterios legales.
El presidente Fernández, quien asumió el poder el martes pasado, se ha mostrado a favor del derecho de las mujeres al aborto.
