Este 27 de junio se cumplirán cuarenta años de uno de los episodios más trascendentales en la historia jurídica y diplomática de Nicaragua. Esa misma fecha pero de 1986, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor del país en la demanda presentada contra Estados Unidos por las actividades militares y paramilitares desarrolladas durante la década de los ochenta. Aquella resolución no solo condenó esas acciones, sino que abrió un precedente sin comparación al enfrentar en el máximo tribunal de justicia internacional a una pequeña nación centroamericana con una de las mayores potencias del mundo.

Esa decisión marcó un antes y un después para Nicaragua. La Corte concluyó que Estados Unidos era responsable por financiar, armar y respaldar la guerra de la contrarrevolución, además de violar principios fundamentales del derecho internacional. Visto desde la dimensión política y jurídica de la época, aquel proceso terminó convirtiéndose en una especie de David contra Goliat, una pequeña nación sandinista y centroamericana llevó ante los jueces de La Haya a la mayor potencia militar del mundo y obtuvo una sentencia a su favor, un hecho que, cuatro décadas después, permanece entre los casos más importantes en la historia del derecho internacional.

El litigio tomó forma el 9 de abril de 1984, cuando Nicaragua presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia al considerar que las acciones criminales impulsadas por la administración del presidente Ronald Reagan violaban nuestra soberanía y atentaban contra el pueblo nicaragüense. El escrito detallaba el entrenamiento, financiamiento, armamento y respaldo brindado a la contrarrevolución, el minado de los principales puertos, las incursiones armadas, los ataques contra infraestructura estratégica y otras operaciones que formaban parte de una política dirigida a desestabilizar Nicaragua. Junto con ese recurso, el Gobierno también solicitó que la Corte ordenara el cese inmediato de esas acciones y estableciera la responsabilidad de Estados Unidos por los daños humanos y materiales ocasionados.

La respuesta de Washington no tardó en llegar. Antes de que la demanda fuera presentada, intentó excluir de la jurisdicción obligatoria de la Corte los conflictos relacionados con Centroamérica para impedir que el caso avanzara. Más adelante volvió a cuestionar la competencia del tribunal y recurrió a tramposos recursos con el propósito de frenar el proceso. Sin embargo, los magistrados rechazaron esos planteamientos, confirmaron que tenían plena autoridad para conocer la demanda y permitieron que el juicio siguiera su curso hasta entrar al examen de fondo de las acusaciones presentadas por Nicaragua.

Superados los intentos de frenar el juicio, la Corte entró a conocer el fondo del caso. Durante varios meses fueron presentadas pruebas, documentos y testimonios que demostraban la participación de los gringos en el financiamiento, entrenamiento, armamento y respaldo a los mercenarios de la contra. También quedaron al descubierto el minado de las aguas territoriales nicaragüenses, las incursiones armadas, los ataques contra puertos e infraestructura estratégica, además de otros documentos utilizados para orientar esas operaciones.

Entre las evidencias también figuró el manual elaborado por la CIA y distribuido entre los contras, en el que se impartían instrucciones para cometer secuestros, asesinatos selectivos y otros actos criminales. Ese documento, junto con el resto de las pruebas incorporadas al proceso, permitió a los magistrados conocer con mayor profundidad la dimensión de las operaciones ejecutadas contra Nicaragua y el nivel de participación de la administración Reagan. Con todos los elementos reunidos en el expediente, la Corte fundamentó la sentencia emitida el 27 de junio de 1986.

La Corte Internacional de Justicia concluyó que Estados Unidos violó su obligación de no intervenir en los asuntos internos de Nicaragua al entrenar, armar, equipar, financiar, abastecer y respaldar a las fuerzas de la contrarrevolución. También determinó que el minado de los puertos nicaragüenses y otras acciones ejecutadas durante el conflicto constituían una violación al derecho internacional. Además, ordenó a Estados Unidos indemnizar a Nicaragua con 17 mil millones de dólares, una deuda que, cuarenta años después, todas las administraciones de turno que han pasado por la Casa Blanca se han hecho los locos y no han querido pagar.

Al conmemorarse años atrás un nuevo aniversario de la histórica sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la Compañera Rosario Murillo recordó la trascendencia de aquel fallo. Hoy retomamos íntegramente sus palabras porque siguen teniendo plena vigencia:

“A esa fecha, ya en esa injusta y criminal guerra contra Nicaragua, habíamos perdido la vida de 38 mil hermanos nicaragüenses. 38 mil hermanos que sucumbieron ante una guerra inclemente que fue condenada por el máximo tribunal de justicia en el mundo, en La Haya.
También señaló que en el histórico fallo, la Corte Internacional de Justicia calculó en 17 mil millones de dólares lo que el gobierno norteamericano tenía y tiene que pagar a Nicaragua.

Nuestro Comandante Daniel lo ha recordado incontables veces, que ahí está esa sentencia moral, en primer lugar, y el deber de los Estados Unidos de pagarle a Nicaragua lo que le debe.

“Nunca se puede compensar a un país por la pérdida de valiosas vidas humanas, jamás. Todos esos decenas de miles de muertos no se pueden pagar, el dolor de las familias no se puede pagar, no se puede compensar con dinero. Pero moralmente los Estados Unidos están obligados a pagar lo que le deben a Nicaragua por la destrucción de nuestros puertos, de nuestra economía, por haber destruido nuestro país en aquel momento.

“Ahí está la razón que tuvo y tiene Nicaragua de reclamar, de seguir reclamando esa indemnización que moralmente y jurídicamente los Estados Unidos están obligados a reconocer.

Y recordamos al doctor Carlos Argüello, que estuvo a cargo de ese equipo de abogados que supo defender el honor de nuestra Nicaragua. Y recordamos al Padre Miguel D’Escoto, Canciller de la Paz, Canciller de la Dignidad de nuestra Nicaragua. Allá donde está, él está siempre intercediendo por su país y por su pueblo, que merece justicia”, finalizó la Compañera Rosario Murillo.

A cuarenta años de aquella sentencia, sus efectos siguen presentes. El caso definió el camino para que Nicaragua continuara defendiendo sus derechos ante la Corte Internacional de Justicia, como ocurrió después con los litigios sobre la delimitación marítima en el mar Caribe y las controversias sostenidas con Colombia. Cada proceso respondió a circunstancias diferentes, pero todos partieron de la decisión de acudir al derecho internacional para defender la soberanía nacional. Cuatro décadas después, el fallo contra Estados Unidos sigue siendo una de las mayores victorias jurídicas y diplomáticas de Nicaragua, mientras la indemnización ordenada por la Corte continúa pendiente de pago.