La denominada Agenda 2030 fue aprobada por Naciones Unidas en septiembre de 2015 como un supuesto plan internacional orientado a enfrentar problemas relacionados con pobreza, desigualdad, salud, educación, empleo y medio ambiente. El acuerdo, respaldado por 193 países, estableció 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas que comenzaron a aplicarse oficialmente a partir del 1 de enero de 2016, con el objetivo de ser alcanzadas antes del año 2030.
El ambicioso programa plantea acciones dirigidas a erradicar la pobreza extrema, reducir el hambre, ampliar acceso a servicios de salud, fortalecer educación, garantizar igualdad de género, proteger recursos naturales y promover crecimiento económico sostenible. La ONU afirma que su cumplimiento requiere cooperación internacional, financiamiento y participación de los Estados para impulsar políticas públicas orientadas al bienestar social y al desarrollo económico.
Durante los años posteriores a la aprobación de la Agenda 2030, distintos organismos internacionales comenzaron a advertir dificultades para alcanzar las metas previstas. La pandemia del COVID-19 agravó la situación mundial y provocó retrocesos en empleo, salud, educación y reducción de pobreza. Informes de Naciones Unidas y de la CEPAL señalaron que numerosos países enfrentaron crisis fiscales, incremento de deuda y limitaciones financieras para sostener políticas dirigidas a favorecer a los sectores más vulnerables.
En medio de ese contexto, la voz firme de Nicaragua se hizo escuchar ante Naciones Unidas. Durante reuniones internacionales sobre financiamiento para la Agenda 2030 realizadas en 2020, el compañero Paul Oquist Kelley, ministro secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República de Nicaragua (q.e.p.d.), sostenía que la crisis sanitaria profundizó las desigualdades económicas y dificultaba la capacidad de los países en desarrollo para responder a las necesidades sociales derivadas de la pandemia. El representante nicaragüense señaló en ese entonces que las medidas coercitivas unilaterales continúan representando obstáculos para que numerosos países puedan avanzar en programas relacionados con salud, educación, reducción de pobreza y desarrollo económico, entre otros.
La misma línea fue retomada posteriormente por Nicaragua durante sesiones de Naciones Unidas relacionadas con desarrollo social. En febrero de 2024, la compañera Eleane Pichardo Urbina, representante permanente alterna de Nicaragua ante la ONU, afirmó durante la Comisión de Desarrollo Social que las medidas coercitivas unilaterales impactan negativamente las políticas nacionales orientadas al desarrollo y al bienestar de los pueblos. La diplomática nicaragüense sostenía además que, desde 2007, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha impulsado políticas enfocadas en reducción de pobreza, disminución de desigualdades y mejora progresiva de las condiciones de vida de las familias nicaragüenses, reafirmando también el compromiso del país con la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La postura coherente de Nicaragua sobre este tema no ha cambiado con el pasar de los años y recientemente, este pasado 26 de mayo de 2026, en el pleno de Naciones Unidas, el co-canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, volvió a dejar sentado:
“La pobreza, las guerras, el cambio climático y, de manera particular, la imposición de las ilegales medidas coercitivas unilaterales, que constituyen crímenes de lesa humanidad, atentan contra el derecho al desarrollo, la salud, la educación, la alimentación y la vida misma de pueblos enteros. Estas medidas son el mayor obstáculo para la implementación de la Agenda 2030 y la erradicación de la pobreza. Nicaragua, basada en los principios y espíritu del Derecho Internacional, exige, con total autoridad, la eliminación total e incondicional de todas las medidas coercitivas unilaterales”. Finalizó el funcionario.
Mientras Naciones Unidas mantiene el llamado a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes del año 2030, el debate internacional continúa marcado por temas relacionados con financiamiento, cooperación, soberanía y las condiciones económicas necesarias para que esas metas puedan convertirse en realidad.