La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad reformas y adiciones a cinco leyes vinculadas a la prevención, investigación y sanción del lavado de activos, con el objetivo de fortalecer la seguridad financiera del país, mejorar los mecanismos de transparencia y robustecer la capacidad institucional frente a los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y las redes del crimen organizado.

Las reformas y adiciones fueron incorporadas a cinco importantes cuerpos normativos:

  • Ley No. 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
  • Ley No. 976, Ley de la Unidad de Análisis Financiero.
  • Ley No. 641, Código Penal.
  • Ley No. 406, Código Procesal Penal de la República de Nicaragua y
  • Ley No. 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.

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De acuerdo a la presidenta de la Comisión de Justicia, diputada María Auxiliadora Martínez, son normas fundamentales que tienen que ver con la estabilidad económica y financiera de Nicaragua.

“En el mundo actual se enfrentan desafíos cada vez más complejos en materia de seguridad financiera. Las organizaciones criminales no operan únicamente mediante mecanismos tradicionales. Hoy utilizan nuevas tecnologías, activos virtuales, estructuras empresariales complejas y redes transnacionales para movilizar recursos ilícitos y ocultar el origen de sus operaciones. Ante esta realidad, Nicaragua continúa fortaleciendo sus capacidades institucionales para proteger la paz, la estabilidad económica y la seguridad de las familias nicaragüenses”, señaló.

Martínez detalló que entre los aportes más relevantes de la reforma destaca el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia mediante la identificación y registro del beneficiario final de personas jurídicas, fideicomisos, cooperativas y otras estructuras organizativas, “contribuyendo a una mayor trazabilidad de las operaciones económicas y cerrando espacios a la opacidad que podría facilitar actividades ilícitas o actos de corrupción”.

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La diputada señaló que además de responder a los desafíos que plantea la economía digital, fortalece las facultades de la Unidad de Análisis Financiero y mejora la coordinación entre las instituciones responsables de la prevención, detección, investigación y persecución de los delitos vinculados al lavado de activos y al crimen organizado.

“Quiero destacar que esta iniciativa se encuentra plenamente alineada con los esfuerzos que desarrolla nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en la lucha permanente contra la pobreza, contra la corrupción, contra la impunidad y todas aquellas prácticas que afecten la transparencia, la legalidad y la confianza en las instituciones públicas”, apuntó.

En cuanto a las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, afirmó que buscan adecuar los tipos delictivos y las penas a la gravedad de estas conductas, “garantizando que el proceso de investigación y persecución penal sea eficiente, respetando las garantías constitucionales, pero con la firmeza que la patria exige”, precisó.

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Asimismo, manifestó que la reforma a la Ley 735, sobre el crimen organizado, perfecciona los mecanismos de incautación, decomiso y administración de los bienes provenientes de actividades ilícitas, “asegurando que esos recursos, en lugar de seguir financiando el crimen, sean administrados correctamente por el Estado en beneficio del pueblo”, añadió.

Activos virtuales

E diputado Wálmaro Gutiérrez explicó que, ahora se incorpora la posibilidad de que los fiscalizadores del sistema tengan facultades para perseguir, analizar e intervenir cuando se realicen actividades financieras con activos virtuales.

“Ahora las acciones son virtuales y andan en los mercados financieros primarios y secundarios. Estos también son activos virtuales y ahora se van a incorporar en esta reforma”, dijo, como ejemplo de las nuevas facultades de ley.

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Gutiérrez resaltó también que las cooperativas de ahorro y crédito pasan a ser sujetos obligados, debido a las importantes cantidades de recursos bajo su manejo.

¿Quiénes están obligados a reportar?

Aclaró al respecto que las reformas detallan quiénes son los entes, personas naturales y jurídicas obligadas a reportar actividades financieras.

“Y no son aquellas personas naturales que tengan una tarjeta de crédito o que tengan una tarjeta de débito, o que tengan un crédito o un préstamo personal, para habilitar su cosecha o para pagar su casita; esos no son. En este caso son los bancos, las financieras, las microfinancieras, las casas de empeño, las casas de cambio, las remesadoras, los abogados y notarios públicos, los contadores públicos y otras profesiones liberales”, mencionó.