Una fuerte explosión registrada este viernes en horas de la mañana en la región de Crucitas, ubicada en el distrito de Cutris en San Carlos, Costa Rica, provocó la extracción inmediata de la presidenta de ese país centroamericano, Laura Fernández, de otros funcionarios de su Gobierno y un grupo de diputados que la acompañaban como parte de una agenda de trabajo.

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Según la prensa local, la mandataria fue evacuada en una camioneta blanca fuertemente custodiada por soldados del Ejército, quienes armaron un cordón de seguridad alrededor del vehículo donde fue montada para salir de la zona rural en la que se encontraban.

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El momento quedó grabado por los medios y periodistas que estaban en el lugar, quienes describieron la situación como algo inédito en ese país, parecido a una escena «de película». «Se ha escuchado una gran explosión», informó el periodista Allan Jara mientras era extraída la mandataria junto al resto de personas que estaban en el sitio.

Tras el ataque, Fernández continuó su agenda en otra ubicación y señaló a la prensa sobre el peligro que hay en Crucitas. «El peligro que hay aquí, costarricenses, no es jugando», expresó la mandataria tras describir el momento de la detonación.

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Además dijo que ella y su equipo se encuentran «muy bien» y que tras el incidente hubo que atender médicamente a cuatro personas por bajones de presión, azúcar y golpes de calor.

¿Qué pasa en Crucitas?

Medios locales informaron que la mandataria decidió iniciar una gira por Crucitas, acompañada por ministros, diputados y cuerpos de seguridad, con el objetivo de conocer de primera mano la crisis generada en esa zona por la presencia activa de minería ilegal de oro y del crimen organizado.

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Fernández había dicho previamente que no permitirá que los grupos delictivos sigan operando en esa zona, en la que han provocado un grave impacto ambiental, social y de seguridad, además de contaminación de mantos acuíferos. Para ello, la mandataria arribó esta mañana a la finca Vivoyet, considerada el principal punto de extracción ilegal de oro en ese país.

El Gobierno de Fernández busca impulsar un plan para legalizar la minería a cielo abierto y lograr que en Crucitas se disminuya el impacto ambiental, se expulse a los mineros ilegales y se inserte una empresa especializada en la zona que entregue al Estado un porcentaje de los ingresos generados por la actividad minera.

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Datos del Ministerio de Seguridad de Costa Rica, citados por Teletica, indican que el área afectada por la minería ilegal pasó de unas 800 hectáreas a unas 3.000 en los últimos años. Las autoridades también advierten sobre problemas de inseguridad y posibles vínculos de grupos criminales con la actividad ilegal.

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