El 13 de septiembre de 1987, dos jóvenes chatarreros entraron a un hospital abandonado en Goiânia, Brasil, en busca de materiales para vender. Eran Roberto dos Santos Alves, de 22 años, y Wagner Mota Pereira, de 19.

Puede interesarte: Rescatan 27 animales víctimas de presunto maltrato en Brooklyn

Ninguno de los dos sabía leer con fluidez y tampoco tenían idea de qué era el cesio-137. Por eso ignoraban que el polvo azul encontrado en los escombros de una unidad de radioterapia, olvidada desde hacía dos años, desencadenaría el peor accidente radiológico de la historia fuera de una central nuclear.

Los hombres se llevaron la máquina en carretilla y después la abrieron con destornilladores para descubrir en su interior una cápsula metálica con un polvo que brillaba en la oscuridad. La luz era de un azul tan intenso, que pensaron que podría valer algo.

De la chatarra al desastre

Cinco días después, hicieron negocio al vender las piezas a Devair Alves Ferreira, dueño de una chatarrería cercana, quien esa noche quedó hipnotizado por el resplandor que despedía el polvo azul de su nueva adquisición. Estaba tan fascinado que invitó a familiares y vecinos durante días para que también la contemplaran.

Quizás te interese: Cuba y Vietnam ratifican solidaridad y cooperación

Uno de los espectadores extrajo fragmentos con un destornillador, mientras que otros se untaron el polvo a la piel. El hermano de Ferreira, Ivo, se llevó un pedacito de la pieza a su casa, donde su pequeña hija de seis años, Leide das Neves Ferreira, se lo metió a la boca.

La cápsula tenía 93 gramos de cloruro de cesio-137, un elemento radioactivo, con una vida media de 30 años, que emite radiación gamma altamente penetrante. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la fuente contenía 50,9 terabecquerelios de radiactividad cuando fue robada, una cantidad suficiente para contaminar una ciudad entera.

112.000 personas examinadas

Los primeros síntomas de radiación entre los vecinos y habitantes del lugar llegaron rápido: vómitos, diarrea, fiebre, pérdida de cabello. Los médicos no entendían qué ocurría para esa reacción masiva entre la población hasta que María Gabriela Ferreira, esposa de Devair, metió la cápsula en una bolsa de plástico y se fue en autobús a la sede de Vigilancia Sanitaria.

Lee también: Soberanía energética: Cuba impulsa estrategias ante el bloqueo de EE.UU.

Al llegar a la oficina, nadie supo qué era aquel objeto. Un médico dejó la bolsa en una silla, a la espera de un especialista. El encargado de desvelar el misterio fue el físico Walter Mendes Ferreira, quien se apareció al día siguiente, el 29 de septiembre, con un detector de radiación prestado de una agencia federal y, apenas a 80 metros de la dependencia, el aparato se saturó.

Tambien puedes leer: México emite alerta por lluvias intensas en varias regiones

El edificio fue desalojado de inmediato y se determinó que el origen de la contaminación estaba en la chatarrería, tras lo cual se lanzó una alerta a las autoridades. Ya habían pasado dos semanas desde los primeros contactos y la reacción fue masiva: el estadio olímpico de Goiânia se convirtió de inmediato en un centro de evaluación radiológica.

«En ese momento, yo tenía 29 años, así que fui a trabajar con las víctimas, porque la mayoría de la gente se enfermó y se puso en aire. Tenía que tener una persona al frente, así que fui a trabajar con ellos. Hoy, luchamos para que el accidente no sea olvidado», declaró Mendes Ferreira a G1 en marzo de este año.

De acuerdo a datos de la época, un total de 112.800 personas fueron sometidas a chequeos médicos, de las cuales 249 resultaron contaminadas y 49 requirieron hospitalización inmediata. En paralelo, decenas de casa fueron echadas abajo y calles enteras, con sus árboles y animales, fueron demolidos como residuos nucleares. Se estima que tras el desastre se extrajeron 3.000 metros cúbicos de desechos radiactivos.

Los muertos 

La pequeña Leide falleció el 23 de octubre de 1987, tras semanas de agonía. Ese mismo día murió de septicemia por radiación su tía María Gabriela, quien fue la primera en alertar a las autoridades. Otras dos víctimas fatales fueron empleados de la chatarrería.

Pero la pesadilla familiar no terminó allí, ya que una multitud intentó impedir el sepelio de la pequeña Leide y su tía lanzándole piedras y ladrillos a los ataúdes, por el temor de que aquellos cuerpos contaminaría el cementerio.

Lee aquí: China denuncia ataque ucraniano contra autobús con niños bielorrusos

Las urnas eran de plomo y pesaban 600 kilos, refiere una nota publicada por El País en esa época. Los especialistas no querían incinerarlas porque el calor podía vaporizar el polvo radiactivo y contaminar a la población. El estigma afectó a toda Goiânia, ya que intentaron vetarse hasta sus productos agrícolas.

Paradójicamente, los chatarreros que abrieron la cápsula y el hombre que la compró sí sobrevivieron. No obstante, tanto ellos como el resto de los que superaron la tragedia no pudieron olvidar sus secuelas tan fácilmente. Casi cuatro décadas más tarde, muchos denuncian discriminación social y laboral por haber estado expuestos a aquella sustancia radiactiva.

Un oscuro precedente

Lo ocurrido no fue inevitable. El Instituto Goiano de Radioterapia había abandonado la clínica en 1985, pero dejó la unidad de cesio sin retirar ni señalizar, lo que dio pie a la tragedia.

Lee más aquí: Al menos 54 heridos y 18 desaparecidos tras explosión en planta gasífera de Qatar

En 1986, durante un litigio judicial sobre el inmueble, el tribunal de Goiás fue informado de la existencia del material radiactivo abandonado y meses antes del robo, la policía fue advertida para que evitara que uno de los dueños del instituto retirara objetos del local. No obstante, nadie tomó medidas en el asunto.

Más noticias: Irán retoma el comercio de petróleo por el estratégico estrecho de Ormuz

En 1992, cuatro de los responsables del Instituto Goiano de Radioterapia fueron condenados por homicidio culposo a tres años de detención, pena que fue convertida en servicios comunitarios. Un quinto acusado, el propietario del inmueble, recibió un año y dos meses de prisión en 1995.

En 1996, el Supremo Tribunal Federal ratificó la sustitución de las penas de prisión por medidas alternativas.