La historia demuestra que fue la Revolución Popular Sandinista la que parió la democracia en Nicaragua, proceso que tuvo uno de sus hitos más importantes el 4 de noviembre de 1984. Cinco años después de aquel triunfo revolucionario, el país celebró las primeras elecciones generales posteriores al derrocamiento de la dictadura somocista, en medio de la guerra, la polarización ideológica propia de la Guerra Fría y la agresión del imperialismo estadounidense contra nuestro país. Aquellos comicios no solo definieron a las nuevas autoridades nacionales, sino que, gracias al Frente Sandinista de Liberación Nacional, abrieron una nueva etapa democrática que desembocaría posteriormente en la Constitución de 1987. Ese proceso dio origen a un nuevo sistema político. Las elecciones de 1984 constituyeron el inicio de una nueva etapa en la organización política del Estado nicaragüense y se convirtieron en un referente obligado para comprender la evolución del país durante las décadas siguientes.

El curso electoral comenzó mucho antes del día de las votaciones. Desde 1983, el Consejo de Estado, integrado por representantes de diversos sectores políticos, económicos y sociales del país, discutió la nueva Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos, normas que establecieron las reglas para la participación de las distintas organizaciones y crearon un nuevo marco jurídico, diferente al existente durante la dictadura somocista.

Paralelamente, fue organizado el Consejo Supremo Electoral como un poder del Estado encargado de conducir todo el mecanismo, desde la inscripción de los ciudadanos hasta el escrutinio final. El desafío era considerable, ya que Nicaragua carecía de una infraestructura electoral moderna, no contaba con un censo actualizado y era necesario capacitar a miles de ciudadanos que integrarían las juntas receptoras de votos en todo el territorio nacional. Según los registros de la época, decenas de miles de personas participaron en la organización y capacitación del proceso, mientras diversos países brindaron asistencia técnica y materiales para la impresión de boletas y demás documentación electoral.

Todo ese esfuerzo se desarrolló mientras el país enfrentaba un conflicto armado de gran intensidad. La guerra de la contrarrevolución contra el Gobierno Sandinista continuaba en distintas regiones del territorio, al tiempo que Estados Unidos incrementaba la presión diplomática, económica y militar contra Nicaragua. El minado de los puertos, las operaciones de la CIA, las maniobras militares en Centroamérica y el financiamiento a la Contra formaban parte del tiempo en que se organizaron las elecciones. Esa realidad convirtió el ambiente electoral en un asunto de interés internacional y puso a Nicaragua en el centro de uno de los principales escenarios de la disputa geopolítica entre Washington y el bloque socialista durante la Guerra Fría. Para el Gobierno revolucionario, celebrar elecciones en esas circunstancias adversas representaba una forma de legitimar institucionalmente el nuevo orden político, en cambio para los enemigos de la paz, los comicios no debían realizarse mientras el conflicto armado continuara.

En la contienda participaron siete partidos con distintas corrientes ideológicas, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Partido Conservador Demócrata, el Partido Liberal Independiente, el Partido Popular Social Cristiano, el Partido Socialista Nicaragüense, el Partido Comunista de Nicaragua y el Movimiento de Acción Popular Marxista-Leninista. La participación de estas organizaciones reflejó la apertura del sistema electoral impulsado por el Gobierno Revolucionario, que promovió la competencia entre diversas opciones dentro del marco establecido por la nueva legislación electoral.

Mientras estas agrupaciones desarrollaban sus campañas, presentaban sus programas y utilizaban los espacios garantizados por la ley, la Coordinadora Democrática optó por no participar y condicionó su incorporación al cumplimiento de una serie de demandas relacionadas con el diálogo con la contrarrevolución y otros aspectos del proceso. Pese a esa decisión, la campaña continuó y el calendario electoral se desarrolló conforme a lo establecido por el Consejo Supremo Electoral. Las jornadas de inscripción ciudadana registraron una participación muy elevada para la época y fueron consideradas uno de los principales indicadores del interés de la población por acudir a las urnas.

Posteriormente, el 4 de noviembre, millones de nicaragüenses fueron convocados a elegir Presidente, Vicepresidente y diputados de la Asamblea Nacional. En medio de la guerra, las presiones externas y la confrontación política, el Frente Sandinista reafirmó su vocación democrática al convocar las elecciones de 1984. Pese a mantener el gobierno, contar con el respaldo militar y gozar de un amplio apoyo popular, decidió someter la continuidad de su mandato al veredicto de las urnas, permitiendo que fuera el pueblo nicaragüense quien definiera democráticamente el rumbo del país.

Según los resultados oficiales, el FSLN obtuvo aproximadamente el 67 % de los votos válidos. Las demás organizaciones políticas participantes también obtuvieron representación conforme a lo establecido por la Ley Electoral. El proceso fue seguido por observadores y periodistas de numerosos países, convirtiéndose en uno de los acontecimientos electorales latinoamericanos más observados de aquel período y en un hito de la institucionalización democrática de Nicaragua.

Tanto la historia como el pueblo de Nicaragua son testigos de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional abrió una nueva etapa democrática en el país, permitiendo que los nicaragüenses ejercieran periódicamente su derecho al voto. Después de aquellas elecciones se celebraron las de 1990, 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 y 2021, reflejando la continuidad de un proceso electoral que se ha mantenido a lo largo de las décadas y que ha contado con el impulso y la participación política de la Compañera Rosario Murillo y del Comandante Daniel Ortega en la consolidación de esa etapa democrática.

Desde esa misma perspectiva, las reformas constitucionales buscan reforzar el marco constitucional para preservar la soberanía nacional, la paz y la estabilidad, incorporando disposiciones destinadas a proteger al país frente a cualquier forma de injerencia extranjera. Asimismo, establecen un período presidencial de siete años, consolidan mecanismos orientados a resguardar el orden constitucional y la institucionalidad democrática, fortalecen las atribuciones de las instituciones del Estado en materia electoral y reafirman la continuidad de los procesos electorales, con el propósito de blindar la independencia, la autodeterminación y el bienestar del pueblo nicaragüense.