La conjunción de una severa sequía meteorológica y el abandono del Estado sobre el sector campesino tiene al borde de una emergencia alimentaria a El Salvador.
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La Dirección General de Protección Civil emitió la declaratoria de alerta roja en todo el territorio nacional, situando bajo extrema vulnerabilidad a las comunidades rurales del corredor seco y las regiones paracentral y oriental, donde la probabilidad de déficit hídrico oscila entre el 70 y el 90 por ciento.
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Esta parálisis hídrica golpea de lleno a la siembra postrera, un ciclo decisivo para la soberanía alimentaria de la población, ya que de él proviene el 75 por ciento de la producción nacional de frijol y el 100 por ciento de la cosecha de sorgo.
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El impacto climático que registra antecedentes inmediatos de hasta 19 días secos consecutivos y precipitaciones que apenas sumaron 16 milímetros durante agosto en zonas estratégicas como San Miguel provocó que miles de pequeños agricultores desistieran de cultivar ante la certeza de pérdidas totales.
Esta escasez proyecta un desabastecimiento interno severo de granos básicos, en un contexto regional complejo donde países vecinos tradicionales como Nicaragua y Honduras enfrentan también severas limitaciones en sus volúmenes de cosecha, imposibilitando la importación como vía de auxilio.
Desmantelamiento financiero del campo y precarización de las familias rurales
Sin embargo, organizaciones territoriales representadas por la Vía Campesina El Salvador y la Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO) recalcan que el factor climático solo acelera un problema de raíz estructural: la desatención estatal sistemática.
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Entre los ciclos agrícolas recientes, la disponibilidad de crédito bancario para la agricultura cayó de forma drástica en un 79 por ciento, pasando de 60,3 millones de dólares a escasos 12,7 millones. En la actualidad, el sistema financiero privado destina solo un dos por ciento del crédito nacional al desarrollo del campo, orientando el 98 por ciento restante al comercio, la construcción y el consumo.
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Esta asfixia crediticia redujo la superficie cultivada en decenas de miles de manzanas de cereales y causó la pérdida de casi 50.000 empleos directos en las comunidades agrícolas. Como consecuencia inmediata, la pobreza extrema rural se duplicó en el país, escalando del 5,2 al 11,1 por ciento.
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Mientras la producción local cae, la estrategia gubernamental se centra en elevar las importaciones de alimentos, las cuales aumentaron en un 37 por ciento en valor monetario, beneficiando a grandes intermediarios del comercio exterior y profundizando la dependencia alimentaria, al tiempo que la edad media de la población campesina alcanza los 66 años sin un relevo generacional garantizado.
Movilización y pliego de demandas del movimiento campesino
Frente al avance del despojo y la emergencia climática, el movimiento campesino unificado exige la sustitución de las canastas de ayuda temporal por una política agrícola nacional resiliente y participativa.
Entre las exigencias centrales, las bases exigen la creación de un Fondo de Tierras con un presupuesto de 100 millones de dólares para garantizar la tenencia justa a 200.000 agricultores de subsistencia que actualmente trabajan bajo esquemas de arrendamiento precario, así como la obligatoriedad legal para que la banca privada destine al menos un 15 por ciento de su cartera de créditos al fomento de la producción agrícola familiar.
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Asimismo, las organizaciones demandan la implementación masiva de embalses, sistemas de captación de agua de lluvia y tecnología de riego en áreas de ladera, superando la limitación de los distritos actuales que abarcan solo 20.000 manzanas.
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Finalmente, resulta prioritaria la promulgación de una Ley de Soberanía Alimentaria que otorgue protección al pequeño productor, la creación de reservas estratégicas con compras públicas mínimas del 30 por ciento al sector campesino, la derogación del reglamento sobre transgénicos y el fomento de bancos de semillas nativas.
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De mantenerse la negligencia oficial, más de 100.000 pequeños productores quedarán excluidos de la economía rural, acelerando el desplazamiento forzado y condenando a las mayorías trabajadoras a pagar los costos de una crisis alimentaria sin precedentes.