Desde que el presidente de EE.UU., Donald Trump, comenzó su segundo mandato, en enero del año pasado, más de 25.000 personas han sido deportadas a países en donde no nacieron, nunca vivieron y a veces ni siquiera hablan su idioma.
El dato implica que Washington abandona a los migrantes deportados en un estado total de desprotección, reveló la investigación Deportation Project en la que participó la revista mexicana Proceso.
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Según el reporte, unas 35 naciones firmaron acuerdos con EE.UU. algunos en total hermetismo en los últimos 20 meses para aceptar como deportados a ciudadanos de otros países, aunque la Administración Trump no suele transparentar los motivos de las expulsiones ni el destino al que envía a las víctimas de estos traslados.
Por ello, organizaciones como Human Rights First y Refugees International crearon hace más de un año la página ‘Third Country Deportation Watch’ (‘Observatorio de Deportaciones a Terceros Países’) para recopilar información sobre lo que pasa con las personas que han sido expulsadas.
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Según ese registro, México ocupa un papel protagónico en esta estrategia, ya que hasta el mes de agosto habría recibido a cerca de 20.000 personas deportadas, la mayoría originarios de países de Latinoamérica y que vivían desde hace décadas en EE.UU.
El reporte asegura que una vez que los deportados son llevados al otro lado de la frontera, las autoridades mexicanas los reciben y los alejan lo más posible del territorio estadounidense, al trasladarlos en autobuses hacia Tabasco y Chiapas, estados ubicados en el sureste del país.