El colectivo hacktivista DLR denunció públicamente a Carlos S., también conocido como Claudio S., maestro de lengua maya y gestor cultural originario de Hecelchakán, Campeche, por su presunta vinculación con una red de explotación sexual infantil. Las acusaciones comenzaron el 21 de septiembre de 2026, cuando el grupo lo señaló de utilizar una identidad falsa en Facebook para ofrecer servicios sexuales de una adolescente de 15 años y difundir material explícito.
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Días después, el 30 de septiembre, el mismo colectivo difundió audios donde una voz atribuida al gestor confiesa su intención de agredir sexualmente a una niña de 11 años, quien era su vecina y alumna en talleres culturales. En las grabaciones, el implicado detalla haber ganado la confianza de la menor y hace referencia a un acercamiento físico directo hacia ella.
A pesar de la gravedad de los señalamientos y las pruebas públicas, las fiscalías de Campeche y Yucatán no habían abierto una carpeta de investigación hasta el cierre de septiembre. La dependencia campechana argumentó que el caso no corresponde a un delito que se persiga de oficio, mientras que la fiscalía yucateca se limitó a señalar que verificaría si existían reportes previos.
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Ante la falta de acción institucional, el abogado especialista Moisés Velázquez criticó que las fiscalías locales carecen de la capacitación y los recursos tecnológicos necesarios para procesar evidencia digital. Según el experto, las autoridades suelen limitarse a tomar capturas de pantalla superficiales sin solicitar datos a empresas como Meta ni rastrear direcciones IP, lo que deja a las víctimas en la total indefensión.
Vínculos institucionales y antecedentes culturales
El acusado, quien formaba parte del colectivo Wey yano’one y de la Universidad Intercultural de Campeche institución señalada por presuntamente encubrir denuncias previas—, exhibe en sus redes sociales fotografías junto a la gobernadora Layda Sansores y es señalado como presunto sobrino del ex político Miguel Sulub. Asimismo, cuenta con antecedentes en la dirección de cortometrajes infantiles que fueron presentados en festivales culturales durante 2025.
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Hasta el momento, la difusión masiva de este material por parte del colectivo y la presión en redes sociales continúan siendo las únicas vías que mantienen el caso visible ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades competentes en la región.
