Ecuador enfrenta un agravamiento de su crisis eléctrica, marcado por severos racionamientos, desconexiones forzosas al sector industrial e incertidumbre ciudadana. Los cortes de energía, que en varias ciudades han llegado hasta las 18 horas diarias, afectan las actividades comerciales y educativas, generan indignación social y ponen en riesgo la conservación de alimentos, especialmente en las zonas costeras.
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Ante esta situación, el presidente Daniel Noboa anunció un mantenimiento preventivo del sistema de transmisión y distribución eléctrica para el sábado 17 de octubre, con el propósito de preparar la infraestructura ante los meses más intensos del fenómeno de El Niño. Sin embargo, no detalló si estas labores ocasionarán nuevos apagones ni cuánto durarán. Además, anunció un toque de queda del 1 al 15 de noviembre en provincias de la Costa por motivos de seguridad.
La crisis tiene como principales causas un déficit energético nacional de 1.391 megavatios y la disminución acelerada de las reservas hídricas de las principales centrales hidroeléctricas. Para preservar el agua de embalses como Mazar y garantizar el suministro residencial, el Gobierno aumentó las restricciones eléctricas a la industria de 48 a 72 horas semanales, obligando a más de 9.000 empresas a desconectarse de la red pública.
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Las medidas han generado fuertes críticas del sector empresarial, que estima pérdidas económicas superiores a los 1.000 millones de dólares. Muchas compañías han tenido que destinar recursos previstos para salarios y operaciones a la compra y mantenimiento de generadores eléctricos, situación que amenaza el empleo y la producción nacional. Además, los exportadores alertaron sobre los riesgos para los productos perecederos y solicitaron garantizar el suministro eléctrico en puertos y centros de almacenamiento.QUI
Otros sectores productivos también reportan afectaciones importantes. La industria láctea, que procesa 1,8 millones de litros diarios y sostiene alrededor de 4.000 empleos directos, enfrenta dificultades operativas, mientras que la Cámara Nacional de Acuacultura advirtió sobre los daños a la producción camaronera debido a la falta de refrigeración continua.
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Finalmente, la gestión gubernamental ha despertado cuestionamientos jurídicos y políticos. El constitucionalista Mauro Andino considera que obligar a las empresas a suspender un servicio público pagado carece de fundamento legal y podría contravenir el artículo 314 de la Constitución, que garantiza la continuidad y eficiencia de los servicios públicos. Por su parte, el excomandante Luis Altamirano alertó sobre los riesgos para la seguridad jurídica y la inversión extranjera, mientras que el analista Luis Obando sostuvo que el Gobierno podría estar desviando la atención de sus responsabilidades en la crisis energética.
