Dos hermanos mellizos de 16 años murieron el 21 de octubre tras resultar heridos de bala durante una intervención de la Policía Nacional en el sector Mendoza, en Santo Domingo Este, República Dominicana.

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Los adolescentes fueron identificados como Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, conocidos en su comunidad como “Los Mellos de Mendoza”. La Policía se refería a Randy Omar con el alias de “el sicario de Mendoza”.

Según la versión oficial, ambos jóvenes tenían cinco órdenes de arresto pendientes por presuntos delitos, entre ellos asaltos y robos agravados. La institución informó que fueron trasladados a un centro médico para recibir atención, pero fallecieron debido a las heridas sufridas.

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Durante el operativo, los agentes incautaron dos armas de fuego: una pistola Taurus de nueve milímetros y una Glock modelo 19. La Policía indicó que ambas eran portadas ilegalmente, aunque no ofreció detalles sobre cómo se desarrolló la intervención.

Por su parte, la abuela de los adolescentes declaró a medios locales que sus nietos habían sido llevados anteriormente ante las autoridades y posteriormente quedaron en libertad porque, según su versión, no tenían antecedentes confirmados.

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El caso se produce en un contexto de creciente atención sobre las muertes registradas durante operativos policiales en República Dominicana. Un recuento publicado el 15 de octubre cifró en 238 las personas fallecidas en presuntos enfrentamientos con agentes durante 2026.

De acuerdo con esos datos, 146 muertes ocurrieron entre enero y junio, mientras que otras 55 se registraron en septiembre y 21 durante la primera mitad de octubre. Las circunstancias de estas intervenciones han generado demandas de investigación por parte de familiares de fallecidos, abogados y organizaciones políticas.

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En paralelo, la Policía Nacional informó que 318 personas con órdenes de arresto se entregaron voluntariamente entre el 17 de agosto y el 21 de octubre. De ellas, 165 lo hicieron durante los primeros 21 días de octubre.

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La institución señaló que estas entregas permiten poner a los requeridos a disposición del Ministerio Público y avanzar en los procedimientos judiciales. En cuanto al caso de los dos adolescentes, aseguró que se aplicarían los protocolos correspondientes y que ofrecería más información conforme avanzaran las investigaciones.