La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha reavivado la polémica en Argentina al habilitar la venta ilimitada de tierras a extranjeros, a través de una ley que provocó una de las movilizaciones populares más importantes del país en las últimas décadas.

El conflicto, que implica la defensa de la soberanía y de los recursos naturales, tuvo un impulso inesperado por la decisión tomada por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Los tres jueces supremos componen una Corte que está incompleta, ya que debería contar con cinco miembros, pero dos cargos siguen vacantes desde hace años.

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Los togados revocaron un fallo que declaró inconstitucional el artículo 154 de un decreto de necesidad y urgencia a través del cual, entre muchas otras medidas, el presidente Javier Milei derogaba la Ley de Tierras que establecía que las personas extranjeras solo podían adquirir un máximo del 15 % de los campos en Argentina.

El argumento de la Corte para justificar su decisión es que el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata la organización que promovió el amparo contra el decreto de Milei no tenía facultades para impugnar la ley. En los hechos, el fallo significa que ahora las tierras se pueden vender sin ningún tipo de restricción.

Conflicto entre poderes

La medida judicial implica un conflicto con el Poder Legislativo, ya que el Senado había derogado el decreto de Milei y, el mes pasado, aprobó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada propuesta por el Gobierno pero eliminándole el polémico capítulo sobre la venta de tierras a extranjeros.

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La votación en el Senado significó un triunfo de la lucha social, ya que durante meses hubo protestas que advertían la pérdida de soberanía territorial. El movimiento de resistencia tuvo un apoyo impensado durante el pasado Mundial, cuando los jugadores de la Selección argentina le ganaron 2-1 la semifinal a Inglaterra y, al final del partido, desplegaron una manta con el lema ‘Las Malvinas son argentinas’.

Los futbolistas desataron así un intenso fervor nacionalista que se propagó en todo el país en defensa de un territorio que todavía está ocupado por Reino Unido y que repercutió en un histórico y masivo rechazo social a la extranjerización ilimitada de tierras que promovía el Gobierno.

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No obstante, el logro colectivo se vino abajo con el fallo de la Corte. Las críticas estallaron en redes sociales y, desde los movimientos sociales han empezado a organizar protestas para presionar a la Cámara de Diputados, con el objetivo de que ratifique el rechazo del Senado al decreto presidencial.

Postura dispar en el oficialismo

Desde el Gobierno, sin embargo, el fallo fue recibido con una mezcla de cautela y preocupación por sus posibles consecuencias políticas. «Genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda», reconocieron a La Nación desde un importante despacho oficial. Aunque la decisión de la Corte favorece en los hechos la vigencia de la derogación impulsada por Milei, en la Casa Rosada advierten que la polémica podría facilitar que la oposición intente rechazar en Diputados la totalidad del DNU 70/2023.

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Ante ese escenario, el oficialismo comenzó contactos con bloques aliados y gobernadores para impedir que prospere la ofensiva contra el decreto. Cerca del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, remarcaron que «el fallo de la Corte es a favor del Gobierno», mientras otra fuente libertaria admitió el costo político de que el tema vuelva al centro del debate: «No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro».

Reacciones

«La Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta», afirmaron los excombatientes de Malvinas en un duro comunicado en el que denostaron el fallo del máximo órgano judicial del país, que los desacreditó como demandantes.

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«Extraño razonamiento, si atendemos a que esta Corte conforma el Estado argentino, en su esquema de tripartición de poderes. Un Estado que, en 1982, nos mandó a batallar bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional. Rara consideración la de esta Corte. Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un tribunal«, expresó la organización social.

«La Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles. Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos. El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país. Es ahora, en el Congreso y en las calles», convocó por su parte el senador Mariano Recalde.

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En el mismo sentido se pronunció la diputada Myriam Bregman, una de las precandidatas presidenciales. «Ya mismo hay que anular el decreto (…). Falta hacerlo en la Cámara de Diputados, por eso integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial. Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién«, desafió.

El diputado Nicolás del Caño denunció que la Corte Suprema actuó como «una institución monárquica», ya que está integrada solo por tres personas que revierten lo que millones de ciudadanos lograron en las calles. En esa línea, calificó el fallo de «escandaloso» y «una farsa de quienes saquean y entregan todo».