El Observatorio Regional de Derechos (ORD) solicitó al Estado de Guatemala investigar con independencia e imparcialidad el desalojo de Juana Santiago Chel, una mujer de 77 años, ocurrido el 30 de julio de 2026 en la comunidad Xecoxol, municipio de Santa María Nebaj, departamento de Quiché.
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A través de un comunicado, el organismo expresó su preocupación por el procedimiento y recordó que, si bien las resoluciones judiciales deben cumplirse, su ejecución debe respetar los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, especialmente cuando involucran a personas en condición de vulnerabilidad.
El ORD señaló que Guatemala, como Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), tiene la obligación de garantizar el derecho a una vivienda adecuada y de evitar desalojos forzosos sin las debidas garantías procesales.
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La organización exhortó a las autoridades a esclarecer las denuncias relacionadas con el operativo y a priorizar el diálogo, la búsqueda de soluciones habitacionales y la protección de la dignidad de las personas afectadas.
Asimismo, recordó que los estándares internacionales establecen que los desalojos deben realizarse únicamente como último recurso, previa consulta con las personas involucradas, con notificación adecuada, acceso a recursos legales efectivos y la evaluación de alternativas que reduzcan el impacto de la medida.
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El caso de Santa María Nebaj ha reavivado el debate sobre la protección del derecho a la vivienda en Guatemala y la necesidad de fortalecer las garantías para evitar vulneraciones a los derechos humanos durante este tipo de procedimientos.
