El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acusó al Gobierno de Marruecos de ejecutar una «política constante de hostigamiento» contra la ciudad autónoma española y responsabilizó formalmente al país vecino de la «invasión» migratoria registrada los pasados 30 y 31 de julio.

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​Durante su intervención ante el Parlamento Europeo en Bruselas, Vivas tildó de «amenaza» la actitud del reino alauita, asegurando que las decisiones de Rabat responden a una estrategia deliberada que busca «la asfixia de nuestra ciudad» y el «acoso y derribo» tanto de Ceuta como de Melilla.

​En su exposición ante los eurodiputados, el líder ceutí denunció que la administración marroquí utiliza «los controles fronterizos y la presión migratoria» como instrumentos geopolíticos para colapsar los servicios de acogida y socavar la soberanía española en el norte de África.

​»El objetivo es poner en jaque nuestra integridad territorial y provocar el colapso de los servicios de la ciudad, desestabilizando a Ceuta en el ámbito económico, social y en el modelo de convivencia», enfatizó Vivas.

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​La denuncia ante las instituciones europeas ocurre en un contexto de profunda vulnerabilidad local, donde colectivos sociales alertan sobre la situación de desamparo que enfrentan cientos de personas, incluidos menores de edad sin protección, tras más de un mes pernoctando en la vía pública.

​Creciente presión política contra Pedro Sánchez

​La crisis en la frontera norteafricana ha desatado una tormenta política en el Congreso de los Diputados de España y en las calles del país, donde se registraron concentraciones en más de 260 localidades para rechazar la gestión migratoria de la Moncloa.

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​A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, negó en la sede parlamentaria la implicación directa de Rabat en los acontecimientos de julio, informes policiales remitidos a la Audiencia Nacional y valoraciones de las fuerzas de seguridad señalan a Marruecos como el impulsor de las entradas masivas.

​La postura del jefe del Ejecutivo generó fuertes fricciones en la propia coalición gubernamental como críticas de los diputados de Izquierda Unida, Comuns y Sumar calificaron la gestión de «nefasta»acusando a Sánchez de mentir y «rendirse ante Marruecos». 

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Definieron las jornadas del 30 y 31 de julio como un ataque orquestado que instrumentalizó a personas vulnerables.

Desde Sumar reclamaron el traslado inmediato y total de los migrantes hacia la España peninsular para aliviar la saturación de la ciudad autónoma y exigieron evitar que Ceuta sea utilizada por Bruselas como un «patio trasero».

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Mientras que los aliados parlamentarios del PSOE cargaron en paralelo contra el Partido Popular y Vox, acusándolos de sostener discursos de «crueldad» y promover la crispación social en medio de la emergencia humanitaria.