El Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia aprobó decretar la situación de desastre nacional de manera preventiva frente a la inminencia de un fenómeno de El Niño severo.

La medida apela al principio de precaución amparado en la legislación nacional, el cual faculta al Estado a movilizar recursos e intervenir de forma anticipada antes de que los daños ambientales, la escasez hídrica y los impactos socioeconómicos se materialicen plenamente en el territorio nacional.

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Para ejecutar este plan preventivo, el Ejecutivo reasignará cuatro billones de pesos destinados a la instalación masiva de paneles solares en 13 departamentos y al fortalecimiento de la infraestructura hídrica mediante plantas desalinizadoras y proyectos de agua potable.

Asimismo, la estrategia gubernamental acelera la entrega de tierras e insumos agrícolas subsidiados a los productores, priorizando la soberanía alimentaria y la generación de cultivos de consumo directo ante los riesgos que amenazan las cosechas del país.

Días previos, el presidente Gustavo Petro, ordenó la modificación del Presupuesto General de la Nación para transferir los billones de pesos hacia la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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Los recursos financieros permitirán consolidar un fondo de ocho billones de pesos enfocado en proteger la estabilidad del sistema energético nacional ante la eventual disminución en los niveles de los embalses prevista entre diciembre y marzo.

Frente al pronóstico de sequías severas por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico, la estrategia gubernamental impulsa acelerar la transición hacia las energías renovables mediante la instalación de fuentes fotovoltaicas en el territorio nacional, rechazando la profundización del modelo basado en combustibles fósiles.

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Asimismo, en el marco de la transición gubernamental hacia la administración de Abelardo de la Espriella, el mandatario insistió en adoptar medidas inmediatas para resguardar la producción de alimentos y el acceso al agua potable, al tiempo que demandó rigurosidad en la vigilancia de los fondos públicos para evitar irregularidades administrativas.

Fuente: teleSUR