La cifra de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto ascendió a 321 personas, mientras que el número de heridos se ubica en 4.595 y aún se busca a 257 desaparecidos, de acuerdo con el balance oficial presentado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) este viernes 21 de agosto.

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​El reporte del organismo detalla una emergencia humanitaria que afecta a 284.185 personas en 476 municipios distribuidos a lo largo de 15 departamentos.

El impacto sobre la infraestructura residencial es severo: se contabilizan 163.884 viviendas averiadas, 31.445 destruidas, además de 5.726 edificios con daños estructurales y 467 que colapsaron tras el sismo.

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​El movimiento telúrico que tuvo su epicentro en el departamento del Chocó, afectó gravemente la red de servicios e infraestructura pública del país, comprometiendo la atención de emergencia en las zonas más golpeadas.

La evaluación de daños reporta: 351 ​Centros de salud con afectaciones; ​3.579 centros educativos y 4.611 espacios comunitarios dañados; así como 435 carreteras afectadas, daños en cinco aeropuertos, 69 puentes vehiculares y 14 peatonales, y 111 acueductos fuera de servicio o con fallas operativas.

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​En el ámbito de fauna, los equipos de emergencia registran 1.236 animales afectados y 1.254 rescatados. En paralelo, Colombia continúa experimentando réplicas diarias, una condición que mantiene la alerta y dificulta las labores de búsqueda en el terreno.

​Denuncias de abandono gubernamental

​La emergencia se ha tornado crítica en regiones históricamente vulnerables como el Chocó y el puerto de Buenaventura, donde los niveles de pobreza, desigualdad y presencia de violencia armada limitan la capacidad de respuesta local.

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​Comunidades de ambos sectores han denunciado un marcado abandono estatal. Decenas de familias pernoctan en la vía pública ante la falta de refugios, mientras se reporta que varios niños han comenzado a enfermar por la exposición a la intemperie.

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Ante el descontento por anuncios oficiales que la población percibe sin presupuesto claro ni ejecución inmediata, la sociedad civil organizada, líderes comunitarios y figuras del sector cultural han asumido la gestión directa de la ayuda humanitaria en los territorios más devastados.