La confirmación del asesinato de una periodista mexicana que grabó su propio secuestró ha derivado en ocho detenciones y una oleada de condenas a nivel nacional e internacional, ya que consolida a México como el país más peligroso para ejercer el la comunicación social en América Latina.

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El pasado 2 de junio, el nombre de Roxana Guzmán comenzó a viralizarse en redes sociales gracias a un video en el que se veía cómo hombres armados rompían vidrios, entraban por la fuerza a su casa y se la llevaban.

Los hechos ocurrieron en Nanchital, una pequeña localidad del estado de Veracruz, en donde Guzmán dirigía el portal de noticias Pulso Informativo del Sureste. Durante semanas no se tuvieron novedades de un caso que le valió recurrentes cuestionamientos a la presidenta Claudia Sheinbaum durante sus diarias conferencias de prensa.

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El pasado viernes, justo un mes después de ocurrido el secuestro, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que había hallado el cuerpo sin vida de la periodista. En 2017, Guzmán ya había sufrido la ejecución a balazos de su esposo, Carlos Fernández Escalante.

De esta forma, Guzmán engrosó la lista de periodistas que, de acuerdo con el reporte de la organización Artículo 19, han sido asesinados en México desde el año 2000. Con ella, ya suman 178, y 10 de esos crímenes se han cometido durante los 22 meses de Gobierno de Sheinbaum.

Críticas

La Fiscalía reveló que, por el momento, ha detenido a ocho personas acusadas de «homicidio doloso calificado» contra la reportera. Según las versiones preliminares, algunos de los capturados la habrían secuestrado y otros serían los asesinos directos.

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Entre los imputados hay cuatro policías, pero hasta el momento se desconoce el móvil de un asesinato que vuelve a enlutar al periodismo mexicano. No obstante, las aprehensiones no frenaron las críticas hacia las autoridades.

La organización Reporteros sin Fronteras emitió un duro comunicado en el que denunció la incapacidad del Estado para proteger a la prensa en México.

«Agrava el ya preocupante saldo de tres periodistas asesinados en este estado desde el inicio de 2026», indica la organización, que convocó a la Fiscalía General de la República a llevar a cabo, «sin demora, una investigación exhaustiva, transparente e imparcial que permita identificar y procesar a todos los responsables materiales e intelectuales».

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Entretanto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recordó que los ataques contra periodistas, «no solo vulneran el derecho a la vida de las víctimas, sino que también buscan inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y generan un efecto de autocensura entre quienes trabajan en los medios de comunicación».