Durante décadas, Estados Unidos ha vendido al mundo la imagen de ser el gran paladín de la democracia moderna. Sin embargo, su podrido sistema electoral ha demostrado todo lo contrario. El Colegio Electoral y el predominio absoluto del bipartidismo son dos de los pilares sobre los que descansa ese modelo obsoleto. Ambos mecanismos distinguen al imperio yanqui de la mayoría de las democracias actuales y han generado desconfianza sobre el grado en que la voluntad popular se refleja realmente en la elección del presidente. Mientras en la mayoría de los países democráticos el candidato con más votos obtiene la victoria, el modelo estadounidense funciona bajo reglas distintas que, en determinadas circunstancias, permiten resultados diferentes a los expresados por el voto popular.

El Colegio Electoral constituye el rasgo más controvertido del sistema presidencial estadounidense. Los ciudadanos no eligen directamente al presidente, sino a un grupo de compromisarios distribuidos entre los cincuenta estados y el Distrito de Columbia. Para llegar a la Casa Blanca no basta con obtener la mayor cantidad de votos emitidos por los ciudadanos en todo el país, el objetivo consiste en alcanzar al menos 270 de los 538 votos electorales. Como consecuencia, un candidato puede recibir millones de votos más que su adversario y, aun así, perder la elección presidencial. Eso ocurrió en 2016, cuando la candidata demócrata Hillary Clinton obtuvo 65,853,514 votos populares, frente a los 62,984,828 del republicano Donald Trump. Pese a esa diferencia de casi tres millones de votos a su favor, Clinton perdió la presidencia porque Trump obtuvo 304 votos del Colegio Electoral, mientras ella consiguió 227, reavivando un debate que permanece abierto hasta la fecha.

El mecanismo del tal Colegio Electoral también modifica profundamente la forma en que se desarrollan las campañas presidenciales.

Los candidatos no concentran sus esfuerzos en persuadir al conjunto de los estadounidenses, sino en un reducido grupo de estados considerados competitivos o swing states. Allí destinan la mayor parte de sus recursos económicos, realizan constantes visitas, intensifican sus campañas publicitarias, participan en debates y fortalecen su estrategia política, mientras que millones de ciudadanos que viven en estados donde históricamente siempre gana el mismo partido reciben una atención considerablemente menor.

En la práctica, el peso político de esos estados decisivos termina siendo muy superior al del resto del país durante cada proceso electoral. Pero eso no es todo, porque a eso se suma el sistema conocido como «el ganador se lleva todo», vigente en casi la mayoría de los estados.

Con esa regla absurda, quien obtiene la mayoría de los votos dentro de un estado recibe prácticamente la totalidad de sus compromisarios electorales, sin importar que la diferencia haya sido de apenas unos cuantos votos. Esto significa que millones de sufragios emitidos a favor del candidato derrotado en cada estado dejan de influir en la distribución de los votos electorales.

De esa forma, el resultado nacional puede construirse sobre simples victorias estatales muy estrechas, mientras amplios sectores del electorado quedan sin representación efectiva dentro del controversial Colegio Electoral.

Otro elemento de discusión de esa democracia renca es el bipartidismo. Aunque la legislación estadounidense reconoce la existencia de numerosos partidos políticos y candidatos independientes, que en la práctica solo sirven como una simple fachada, porque la competencia real por la Presidencia permanece concentrada exclusivamente entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Durante décadas, en su fallida democracia, ninguna otra organización política ha logrado consolidarse como una alternativa capaz de disputar el poder en igualdad de condiciones, convirtiendo la contienda presidencial en una competencia prácticamente cerrada entre esas dos fuerzas hegemónicas.

Este predominio se mantiene por diversos factores, ya que las dificultades para los llamados terceros partidos no responden únicamente a la preferencia de los votantes.

En numerosos estados deben superar complejos requisitos para poder aparecer en las papeletas electorales, recolectar miles de firmas, cumplir con los procesos de inscripción y, además, sostener campañas nacionales con recursos muy inferiores a los de las dos principales organizaciones. A ello se suma el enorme peso financiero, organizativo y mediático acumulado por demócratas y republicanos, lo que hace extremadamente difícil que un partido emergente alcance la visibilidad necesaria para competir con posibilidades verdaderas de triunfo, aun cuando existieran condiciones de competencia más equitativas.

Como resultado, millones de estadounidenses acuden a las urnas sabiendo que las probabilidades efectivas de llegar a la Presidencia terminan reduciéndose a un monstruo bicéfalo conformado por Demócratas y Republicanos. Frente a esa realidad, aunque puedan simpatizar con otras corrientes ideológicas, muchos terminan votando por el candidato que consideran el «mal menor» o el que tiene mayores probabilidades de derrotar al adversario principal.

Este fenómeno, conocido como voto estratégico o voto útil, refuerza el dominio de los dos grandes partidos y dificulta la aparición de nuevas alternativas políticas con capacidad de transformar el escenario electoral nacional. La combinación entre el Colegio Electoral y el bipartidismo produce un sistema con características muy particulares. Por un lado, la Presidencia puede recaer en un candidato que no obtuvo la mayoría del voto popular nacional, por otro lado, dicha competencia efectiva permanece reducida a dos partidos con una ventaja consolidada difícil de igualar.

Queda claro que el sistema electoral imperialista de Estados Unidos no representa el principio de que cada ciudadano tenga el mismo peso en la elección de sus gobernantes. La deformación combinada del Colegio Electoral y el bipartidismo ha permitido que candidatos lleguen a la Presidencia sin obtener la mayoría del voto popular y ha concentrado la competencia política en solo dos fuerzas. Además, millones de ciudadanos de territorios bajo protectorado estadounidense, como Puerto Rico y Guam, no participan en la elección presidencial pese a quedar sometidos a las decisiones del inquilino de la Casa Blanca que la ocupe en ese momento. Con todo ello, queda claro que Estados Unidos debería comenzar por curar su moribundo sistema electoral y, a su vez, respetar las decisiones que los pueblos libres toman sobre sus propios procesos de elección, antes de pretender presentarse ante el mundo como un modelo de democracia.