En Nicaragua, ser un Estado revolucionario significa que el pueblo ejerce el poder, participa en las decisiones del país y tiene derechos que las instituciones deben garantizar, según establece la Constitución Política, que desde febrero de 2025 define a nuestra nación como revolucionaria, libre, soberana e independiente. Esta disposición reconoce el protagonismo de las personas, las familias y las comunidades en las decisiones que contribuyen al bienestar de nuestro país. También contempla las responsabilidades que corresponden a las autoridades, como parte de una definición que llegó a la Constitución después de varias décadas de luchas, cambios políticos y reformas que fueron dando forma a la organización del Estado. Los antecedentes de ese reconocimiento constitucional se remontan al 19 de julio de 1979, cuando triunfó la Revolución Popular Sandinista.

Al día siguiente del triunfo, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional dictó el Estatuto Fundamental de la República, con el que comenzó a organizar las instituciones del Estado después de la caída de la dictadura somocista. El nuevo Gobierno emprendió la reconstrucción del país y tomó medidas para distribuir tierras entre los campesinos, ampliar los servicios de salud y facilitar el acceso a la educación. La lucha contra el analfabetismo fue una de sus primeras tareas y, en 1980, la Cruzada Nacional de Alfabetización llevó clases de lectura y escritura a comunidades rurales donde muchas personas no habían tenido la oportunidad de asistir a la escuela, con la participación de miles de jóvenes que se sumaron a esta campaña. Los cambios que se estaban llevando a cabo también necesitaban el respaldo de una Constitución que estableciera los derechos y deberes de los nicaragüenses y definiera cómo debían funcionar las instituciones del Estado, pues hasta entonces el país se regía por las disposiciones legales aprobadas después del triunfo de la Revolución. Con ese propósito se elaboró una nueva Constitución Política, que la Asamblea Nacional aprobó y que fue promulgada el 9 de enero de 1987, durante el Gobierno Sandinista, con el Comandante Daniel Ortega en la Presidencia de la República.

La elaboración de esta Constitución había comenzado después de las elecciones de 1984, por medio de consultas en las que participaron representantes de los sectores políticos, trabajadores, campesinos y organizaciones sociales, cuyos aportes formaron parte de un texto que reconoció derechos individuales, sociales y laborales, estableció las funciones de los poderes del Estado y recogió principios de la Revolución Popular Sandinista. Sin embargo, todavía no definía expresamente a Nicaragua como un Estado revolucionario. Esa determinación quedaría establecida años después, mediante nuevas reformas constitucionales.

La Carta Magna de 1987 siguió vigente después del cambio de gobierno de 1990, recibió reformas en 1995 y 2000, hasta llegar al 10 de enero de 2007, cuando el Frente Sandinista regresó al Gobierno con la Compañera Rosario Murillo y el Comandante Daniel, como principales dirigentes de una nueva etapa, en la que se impulsó el modelo de Poder Ciudadano, conocido como «El Pueblo Presidente», se eliminaron los cobros obligatorios en las escuelas públicas y se volvió a brindar atención gratuita en hospitales y centros de salud. Entre diciembre de 2013 y enero de 2014, otra reforma constitucional amplió las disposiciones sobre la democracia directa y participativa, reconoció el protagonismo de las familias, además de reafirmar la defensa de los derechos de Nicaragua sobre su territorio y sus mares, respaldados por las sentencias de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

Las reformas continuaron el 19 de noviembre de 2024, cuando la Asamblea Nacional recibió una nueva propuesta para modificar la Constitución Política, que contemplaba cambios en la organización del Estado y establecía expresamente su carácter revolucionario. Tres días después, el 22 de noviembre, los diputados aprobaron por unanimidad la iniciativa en primera legislatura, cuyo texto fue publicado el 25 del mismo mes en La Gaceta, Diario Oficial, número 218, antes de continuar con el procedimiento legislativo necesario para su aprobación definitiva.
La Asamblea Nacional retomó la reforma en enero de 2025 para darle la segunda aprobación tal y como lo exigía la ley, hasta concluir el procedimiento el día 30 del mismo mes. El nuevo texto fue publicado el 18 de febrero en La Gaceta, Diario Oficial, con lo que entraron en vigor las modificaciones aprobadas y quedó concluido el trámite legislativo que había comenzado en noviembre del año anterior.

El texto constitucional de 2025 también estableció cómo funciona el Estado revolucionario, pues el artículo 14 dispone que el pueblo ejerce directamente el poder y el 15 señala que lo hace a través de la Presidencia de la República, encargada de dirigir el Gobierno y coordinar los demás órganos del Estado. El artículo 3 establece los principios que deben orientar esa responsabilidad, basados en los valores cristianos, los ideales socialistas y las prácticas solidarias, con el propósito de promover el bien común, garantizar la igualdad de derechos y combatir la pobreza, de manera que el carácter revolucionario de Nicaragua comprende tanto su forma de gobierno como los compromisos que la Ley Suprema establece con el pueblo.

La Asamblea Nacional volvió a referirse al Estado revolucionario el primero de septiembre de 2026, al aprobar en primera legislatura otra reforma constitucional que reafirma su compromiso de la lucha contra la pobreza, la defensa de la paz y el derecho de Nicaragua a decidir su propio destino, sin aceptar imposiciones extranjeras que amenacen su independencia. La propuesta modificaba el artículo 12 para impedir que las leyes extranjeras que pongan en peligro nuestra soberanía y seguridad tengan efectos legales en territorio nicaragüense, además de reformar el artículo 47 para prohibir las candidaturas electorales a quienes hayan participado en golpes de Estado e intento de golpes de Estado, promovido intervenciones extranjeras o solicitado sanciones contra Nicaragua. Estas modificaciones deberán recibir una segunda aprobación legislativa, prevista para 2027, antes de su entrada en vigor.

El Estado revolucionario también reconoce los derechos de las mujeres, los pueblos originarios y afrodescendientes, incluyendo a las comunidades de la Costa Caribe, como parte de un modelo que promueve la participación de todos los sectores de la sociedad. En su desarrollo ha tenido un papel determinante la Compañera Rosario Murillo, quien desde la Copresidencia impulsa las políticas del Gobierno Sandinista para llevar a la práctica los principios cristianos, socialistas y solidarios, mediante el modelo «El Pueblo Presidente», los programas sociales, la construcción de carreteras, viviendas y otras obras importantes destinadas a mejorar las condiciones de las familias nicaragüenses.
Su labor forma parte de los esfuerzos por hacer efectivos los compromisos constitucionales con la paz, la soberanía y la libertad, junto con los derechos que el Estado revolucionario reconoce al pueblo de Nicaragua.