Olivia Rodrigo expresó su indignación tras descubrir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) utilizó una de sus canciones en un video institucional sobre autodeportación.
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El clip combinaba los momentos más enérgicos del tema con imágenes de agentes del ICE deteniendo personas, mientras que en la parte más tranquila mostraba individuos “decidiendo” regresar voluntariamente a sus países. El mensaje pretendía advertir sobre las consecuencias de permanecer ilegalmente en Estados Unidos.
La artista reaccionó con firmeza: “No utilicen mis canciones para difundir propaganda racista y de odio.” Poco después, la publicación fue retirada, aunque no se aclaró si la decisión partió del DHS o de la propia cantante. Su declaración se viralizó rápidamente, generando un amplio debate sobre ética, derechos de autor y libertad artística.
Un portavoz del DHS defendió la pieza, afirmando que el objetivo era reconocer la labor de los agentes federales, y agregó: “Invitamos a la Sra. Rodrigo a agradecer su servicio, no a desacreditar su sacrificio.”
La controversia reavivó la discusión sobre los límites del uso institucional del arte y la música. Rodrigo, que ha manifestado en varias ocasiones su oposición a las políticas migratorias restrictivas, reiteró su compromiso con la defensa de la comunidad inmigrante. Durante las deportaciones masivas en Los Ángeles —su ciudad natal— ya había denunciado la violencia contra sus vecinos y reivindicado la diversidad cultural.
Con esta postura, Olivia Rodrigo refuerza su compromiso con la libre expresión, los derechos humanos y el uso responsable de la música en campañas oficiales. La polémica con el DHS evidencia cómo el arte puede convertirse en un poderoso vehículo de conciencia y resistencia social.
