La mayoría de los países en desarrollo destinaron en 2025 una mayor cantidad de recursos financieros al pago y servicio de su deuda externa que al financiamiento de sus sistemas educativos, indica un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Este panorama crítico en las finanzas globales coincide con proyecciones institucionales que anticipan una drástica reducción de hasta un 30% en la ayuda internacional dirigida hacia el rubro educativo para el año 2027.
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El análisis de la organización multilateral detalla que en 2025 un total de 113 naciones en vías de desarrollo priorizaron los compromisos financieros de su deuda pública por encima de la educación de su población infantil. La disparidad presupuestaria es grave en la región del África subsahariana, donde los Gobiernos gastaron, en promedio, 3.6 veces más capital en el pago de obligaciones crediticias que en el sector educativo.
Las economías de ingresos bajos y medios-bajos ya sufrieron un retroceso del 21% en la ayuda educativa que recibían en 2023, y en naciones como Afganistán, Malí, Níger y Liberia la disminución de fondos internacionales rebasó un 40% en un periodo de tres años.
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La directora de la división de educación de la Unesco, Min Jeong Kim, advirtió que los enfoques actuales mantienen a los países atrapados en un ciclo de austeridad, falta de inversión y desarrollo estancado. La funcionaria puntualizó que esta coyuntura debilita las posibilidades de crecimiento económico, erosiona la recaudación interna y disminuye a largo plazo la propia capacidad de las naciones para solventar sus deudas futuras.
El reporte expone casos extremos en los que 18 de las naciones más endeudadas multiplicaron por cinco su gasto en deuda en comparación con el presupuesto educativo, llegando a un desfase de hasta 16 veces en el caso específico de Sri Lanka.
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Esta realidad financiera se traduce en el terreno en escuelas desabastecidas y profesores sin percibir salarios, por lo que la Unesco urgió a un cambio radical en los esquemas internacionales de alivio de deuda para pasar desde medidas temporales a acuerdos a largo plazo que blinden los servicios públicos.
Analistas y activistas exigen que el Reino Unido aproveche su presidencia del G20 en 2027 para impulsar reformas legales que impidan a los acreedores privados bloquear o boicotear los procesos de condonación de deuda en beneficio propio.
Autor: teleSUR – wh – DE