Una investigación de la Fiscalía Anticorrupción permitió descubrir en Panamá un presunto esquema para obtener permisos de armas de fuego mediante documentos falsificados, en el que estarían involucrados funcionarios, exfuncionarios y particulares.
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La operación, denominada “Tamiz”, dejó inicialmente seis personas aprehendidas durante varios allanamientos realizados en Panamá, Panamá Oeste y Colón. Las autoridades también incautaron armas de fuego, documentos y equipos tecnológicos que serán analizados como parte de la investigación.
El caso comenzó en febrero de 2026, cuando la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (DIASP) presentó una denuncia tras detectar posibles irregularidades en algunos de sus trámites.
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De acuerdo con las primeras investigaciones, personas interesadas en obtener permisos para adquirir o portar armas habrían utilizado documentación falsa, presuntamente con ayuda de individuos vinculados al servicio público. La Fiscalía busca determinar cómo funcionaba el mecanismo y si los trámites irregulares se realizaron durante un periodo prolongado.
Uno de los principales puntos de la investigación es establecer qué papel habría desempeñado cada uno de los involucrados, si existieron pagos o beneficios para facilitar los permisos y si las irregularidades corresponden a hechos aislados o a una estructura organizada.
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Las autoridades también deberán determinar si las armas encontradas durante los operativos están relacionadas con permisos que pudieron haber sido obtenidos de manera irregular.
El caso es especialmente relevante porque la DIASP tiene entre sus funciones el control y regulación de actividades relacionadas con armas y municiones. Una manipulación de sus procedimientos podría haber permitido que personas que no cumplían los requisitos obtuvieran autorizaciones.
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La Fiscalía investiga posibles delitos relacionados con corrupción de servidores públicos y falsedad, mientras que las personas aprehendidas deberán comparecer ante un juez de garantías. Las detenciones son parte de una investigación en curso y no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad.
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Ahora, uno de los principales interrogantes es determinar cuántos permisos pudieron obtenerse con información falsa, cuántas armas estarían relacionadas con el supuesto esquema y si existen más personas involucradas.
