El traslado de al menos 35 personas privadas de libertad con tuberculosis desde la Cárcel del Encuentro hacia la Penitenciaría Regional de Guayaquil encendió nuevas alertas sobre las condiciones sanitarias dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. La movilización de los internos ocurrió durante los últimos días de mayo de 2026 y fue confirmada por organizaciones de familiares de reclusos y colectivos de derechos humanos, que advirtieron sobre posibles riesgos de contagio en otros centros carcelarios.
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Según las denuncias difundidas por el Comité de Familiares por una Vida Digna y la plataforma SOS Cárceles Ecuador, varios de los internos trasladados presentaban diagnósticos confirmados de tuberculosis pulmonar, mientras otros permanecían bajo evaluación médica por síntomas compatibles con la enfermedad.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que afecta principalmente los pulmones y se transmite por el aire. El riesgo de propagación aumenta en espacios cerrados, con poca ventilación y altos niveles de hacinamiento, condiciones que han sido reportadas de manera recurrente en cárceles ecuatorianas.
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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) reconoció la existencia de casos de tuberculosis en el sistema penitenciario, aunque negó que exista una epidemia generalizada.
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En los últimos años, el sistema penitenciario ecuatoriano ha enfrentado problemas de hacinamiento, escasez de medicamentos, dificultades de acceso a tratamientos y episodios de violencia interna.
Familiares de reclusos pidieron brigadas médicas permanentes, transparencia sobre el número real de contagios y evaluaciones independientes sobre las condiciones sanitarias en las prisiones. También solicitaron que se garantice tratamiento continuo para los internos diagnosticados, debido a que la interrupción de terapias contra la tuberculosis puede aumentar riesgos de resistencia bacteriana y complicaciones de salud.
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El sistema penitenciario ecuatoriano atraviesa una crisis estructural desde hace varios años. Entre 2021 y 2025, las cárceles del país fueron escenario de múltiples masacres y enfrentamientos entre bandas criminales que dejaron centenares de muertos. Las autoridades atribuyen gran parte de la violencia a disputas entre organizaciones ligadas al narcotráfico que operan dentro y fuera de las prisiones. A esto se suman problemas históricos de hacinamiento, déficit de personal penitenciario, limitaciones presupuestarias y dificultades de acceso a servicios básicos de salud.
