La primera jornada de escucha a los testigos del juicio que se sigue en contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha desmoronado buena parte de los argumentos de las acusaciones.
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David Sánchez está imputado por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación por su contratación, en 2017, por parte de la Diputación de Badajoz para ejercer el cargo de director de la Oficina de Artes Escénicas.
Las acusaciones populares son ejercidas por un puñado de organizaciones ultra (Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum y Iustitia Europa) y por los partidos políticos Partido Popular (PP) y Vox.
Los tres primeros testigos en la causa han sido los directores de los conservatorios de Badajoz que, en diferentes etapas, trabajaron con David Sánchez. Todos ellos han coincidido en que la hipótesis de que la plaza ya estaba asignada de antemano al hermano del presidente nació solo de «rumores» y «conversaciones informales», negando que se tratara de una adjudicación a dedo, recoge elDiario.es.
«Hermanísimo»
El director del Conservatorio Superior en 2017, Evaristo Valentí, fue el autor de un correo electrónico enviado con el asunto «hermanísimo», el mismo día en que se publicaron las bases de la plaza. En sede judicial lo reconoció y calificó de mera anécdota lo que muchos consideraban una prueba fundamental.
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Según su testimonio, usó ese término a manera de chascarrillo porque había rumores de que Sánchez se iba a presentar al proceso de selección y no porque hubiera especulaciones de que la adjudicación estaba amañada.
Así, la primera jornada del juicio se ha llenado de referencias a rumores y especulaciones, sin aportar ninguna prueba de los delitos denunciados.
Acudía a su trabajo
Los testigos que han comparecido hasta ahora también han echado por tierra la acusación de que David Sánchez no acudía a su puesto de trabajo, algo que, por otro lado, no es un ilícito penal en España.
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Los tres directores han coincidido en que sí acudía a su trabajo y realizaba las funciones para las que había sido contratado, además de estar formado y capacitado para la plaza que ocupó. Incluso se llegó a matizar que la menor participación en encuentros presenciales coincidió con la pandemia de coronavirus, una excedencia y su baja por paternidad.
La jornada contó incluso con el testimonio de uno de los opositores que concurrió al proceso de selección para la plaza que finalmente ocupó Sánchez, Nerses Avakimyam, quien constató que todo se había desarrollado con normalidad.
De hecho, el testigo afirmó que no había visto nada extraño en los requisitos que se exigían y que no tuvo conocimiento de quejas de opacidad por parte del resto de aspirantes.
El juicio continuará con las declaraciones del resto de los 42 testigos citados y no será hasta los días 4 y 5 de junio cuando comparezcan David Sánchez y quien por aquel entonces era el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusado de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
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La plaza en tela de juicio no era ni un concurso ni una oposición, sino una convocatoria de libre designación. Fue aprobada en el pleno de la Diputación, tras un informe previo que pasó por una comisión técnica, una mesa de negociación, recursos humanos, la secretaría general y hasta por el pleno provincial, sin que hubiera objeción por parte de ningún representante de los partidos políticos, incluido el PP, que ahora ejerce una de las acusaciones populares.
