El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil fijó este jueves como fecha límite el próximo 16 de agosto para que las plataformas digitales y redes sociales entreguen sus planes de acción contra la desinformación y el uso abusivo de la inteligencia artificial (IA) de cara a las elecciones generales del próximo 4 de octubre.
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La medida se hizo oficial mediante una publicación en el Boletín Digital de Justicia, firmada por el magistrado Kassio Nunes Marques, presidente de la corte. Con esta resolución, se establece el marco para que las compañías tecnológicas comprueben cómo evitarán que los riesgos digitales amenacen la transparencia del proceso electoral.
Todas las firmas de internet que permitan publicar, compartir, recomendar, promocionar o monetizar mensajes de carácter político-electoral entran en el rango de esta regulación, lo que incluye tanto a los generadores de IA como a las aplicaciones de mensajería con canales masivos.
La medida está dirigida a empresas con un flujo superior a los 5 millones de usuarios al mes en territorio brasileño, aunque la corte se reservó el derecho de pedir reportes más sencillos a aplicaciones pequeñas que influyan en la discusión política.
Filtros estrictos para la moderación y la IA
Para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier irregularidad, el TSE exigirá a las empresas explicar cómo estructurarán sus equipos para ejecutar con rapidez las órdenes judiciales de retiro de contenidos, suspensión de cuentas o corte de propaganda ilegal.
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Las plataformas deberán detallar sus propios mecanismos para remover publicaciones manipuladas o fuera de contexto, además de los sistemas de rastreo destinados a desarticular redes organizadas de desinformación.
Frenar los abusos de la IA generativa representa otro de los pilares del reglamento. Las plataformas se verán obligadas a probar que cuentan con herramientas de contención para impedir que estas tecnologías sugieran candidatos, orienten el voto o elaboren montajes de contenido sexual no consentido (deepfakes) para atacar a los aspirantes.
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Respecto a la publicidad electoral pagada, el reglamento exige un control total sobre las publicaciones. Las empresas digitales deberán visibilizar la identidad del anunciante, garantizar repositorios públicos con el historial de avisos, facilitar mecanismos de reporte para los usuarios y especificar claramente cuando un anuncio haya sido elaborado con herramientas de IA.
Ante la prioridad de registrar cualquier alerta a tiempo durante la campaña, las empresas contarán con un margen no mayor a tres días para avisar a la Presidencia del TSE sobre eventos de gran escala, inéditos o atípicos que pongan en peligro la contienda. Parte de todos estos datos estará disponible de forma pública para asegurar la transparencia y el seguimiento social.
Alianzas digitales y escenario político
Reforzando esta línea de trabajo, el arbitraje electoral concretó alianzas de cooperación con gigantes como Facebook, Instagram, Threads, WhatsApp, Google y Kwai. Este paso busca agilizar el rastreo de publicaciones potencialmente ilegales de cara a los comicios de octubre, además de masificar mensajes oficiales del proceso.
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El endurecimiento de los controles sobre el ecosistema digital comenzó tras el escenario político de 2018, cuando el ultraderechista Jair Bolsonaro llegó a la Presidencia. En la actualidad, el exmandatario cumple una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado contra el actual gobernante Luiz Inácio Lula da Silva tras perder las votaciones de 2022.
