Un desalojo judicial en Santa María Nebaj, Quiché, Guatemala, provocó una fuerte reacción social luego de que una mujer de 77 años y su hija fueran retiradas de una vivienda que ocupaban desde hace décadas.
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La diligencia fue ejecutada por orden de un juzgado en medio de un conflicto familiar por la propiedad del inmueble, solicitado presuntamente por el hijo de la adulta mayor. Imágenes difundidas por medios locales generaron críticas y denuncias de un posible uso excesivo de la fuerza durante el procedimiento.
Tras el desalojo, vecinos y organizaciones comunitarias realizaron protestas para exigir una revisión del caso y reclamar por el trato recibido por la mujer. La tensión aumentó cuando un grupo de manifestantes llegó hasta la vivienda de la jueza que autorizó la orden judicial y le prendió fuego al inmueble.
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La residencia sufrió daños materiales, aunque no se reportaron personas heridas, ya que la jueza había sido evacuada previamente ante las amenazas.
El Ministerio Público de Guatemala abrió investigaciones tanto por el incendio de la vivienda de la funcionaria judicial como por posibles irregularidades en la ejecución del desalojo. La Procuraduría de los Derechos Humanos pidió esclarecer los hechos y garantizar la protección de la mujer afectada.
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La Policía Nacional Civil aseguró que su participación se limitó a brindar seguridad durante el procedimiento y afirmó que actuó conforme a los protocolos establecidos.
