Los profesores integrados en la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y gremios aliados como el Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad de Buenos Aires ratificaron un paro nacional de 48 horas para los días 27 y 28 de agosto.
Quizás te interese: Terremotos en 2026 reafirman urgencia de la prevención en Sur Global
La medida de fuerza exige la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el Congreso tras el veto del Ejecutivo y el cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenan a la Casa Rosada girar las partidas presupuestarias adeudadas.
La parálisis en las universidades públicas responde a la severa pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora, estimada en más de un tercio desde diciembre de 2023, debido a incrementos salariales fijados de manera unilateral por debajo de la inflación.
Más noticias: Sudáfrica y Zimbabue estrechan lazos comerciales
En el marco de las protestas, los gremios instalaron carpas frente a sedes gubernamentales, realizaron visibilizaciones e interrupciones del tránsito, y denunciaron el desmantelamiento de organismos culturales e históricos como el Coro Nacional de Niños y Niñas, disuelto por decreto oficial.
Frente al congelamiento de las partidas para becas, investigación y funcionamiento operativo, las organizaciones sindicales advirtieron que intensificarán el plan de lucha en todo el territorio nacional de no obtener una respuesta formal.
La comunidad universitaria enfatizó que la defensa de la educación pública e igualitaria constituye un pilar irrenunciable para la soberanía científica y el desarrollo del país.
Continúa leyendo: ONU alerta sobre necesidad de asistencia tras sismo en Colombia
En vísperas, a principio de agosto se ejecutó también un paro nacional pero convocado por la Confederación Terapéutica de Trabajadores de la Educación (Cetera), la CTA, la CTA Autónoma, ATE y los gremios universitarios registró una masiva movilización hacia el Ministerio de Economía.
La comunidad educativa exige una recomposición salarial urgente, así como la asignación inmediata de presupuesto para frenar el deterioro edilicio y la deserción escolar en las escuelas e instituciones públicas. La jornada de protesta se desarrolló en medio de presiones e intimidaciones por parte del Ejecutivo de Javier Milei.
Puedes leer: Un sismo de 4,7 sacude el suroeste de China
Los sindicatos denunciaron que el Gobierno amenazó con quitar la personería jurídica a la Cetera bajo la excusa de la nueva legislación laboral, además de promover modificaciones en el estatuto docente en la Ciudad de Buenos Aires.
Pese a los amedrentamientos, los trabajadores ratificaron la continuidad del plan de lucha en defensa de la educación pública.
