Una investigación internacional liderada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Nueva York permitió desmantelar una red de explotación infantil en República Dominicana, culminando con una condena de 15 años de prisión para una mujer que fotografiaba y enviaba imágenes sexuales de sus propias hijas y de otras menores de su entorno a cambio de dinero.
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El fallo, dictado por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, también impuso a la acusada una multa equivalente a 100 salarios mínimos tras ser hallada culpable de violar la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El caso no se originó a partir de una denuncia local, sino de un análisis forense realizado en Estados Unidos al celular de Daniel Batista, quien ya fue condenado a 18 años de prisión por posesión de material de abuso sexual infantil. El examen del dispositivo reveló un patrón de recepción de contenido explícito enviado desde territorio dominicano y financiado por Batista.
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Sin que mediara una alerta previa desde el país caribeño, las autoridades estadounidenses compartieron los expedientes digitales con la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) amparándose en los mecanismos de la Convención de Palermo. A partir de estos datos, la fiscalía dominicana abrió la pesquisa y descubrió que la madre desnudaba y capturaba imágenes de las víctimas para comercializarlas con Batista.
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Las autoridades judiciales señalaron que este proceso evidencia cómo la cooperación transfronteriza resulta fundamental para perseguir estos delitos y asegurar que los responsables de facilitar la explotación de menores enfrenten a la justicia.
