Una delegación de legisladores demócratas, encabezada por el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat, junto a los congresistas Analilia Mejía y Rob Menéndez, denunció que los inmigrantes recluidos en el centro de detención Delaney Hall, en Nueva Jersey, permanecen «peligrosamente desatendidos».
Tras realizar una inspección en la instalación operada por la empresa privada GEO Group y reabierta en febrero de 2025 como parte de las políticas antiinmigratorias de la Administración Trump, los parlamentarios constataron la persistencia de fallas graves en la infraestructura y en el trato hacia la población bajo custodia federal.
Los congresistas recopilaron denuncias de las personas privadas de libertad que detallan el suministro de alimentos en mal estado o no aptos para el consumo, fallas severas o ausencia total del sistema de aire acondicionado, y demoras o denegación de asistencia médica adecuada ante situaciones de enfermedad y dolor. Ante este panorama, los representantes calificaron la situación como un fracaso en la atención y en la supervisión de un centro sostenido con fondos del Gobierno federal.
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La inspección da continuidad a una visita previa realizada en mayo a este recinto, considerado el mayor centro de detención migratoria de la costa este, con capacidad para 1.196 personas. La instalación fue escenario entre mayo y el 22 de junio de una huelga de hambre motivada por la falta de agua potable, maltratos y exigencias de liberación para menores y enfermos.
«Exigimos que la gobernadora (de Nueva Jersy, Mikie) Sherrill entre al centro para reunirse con nosotros. Exigimos la liberación inmediata de las personas con problemas médicos graves, así como de todos los jóvenes y ancianos», pidieron los inmigrantes en aquel momento.
Familiares y activistas acompañaron el inicio de esa protesta mediante la realización de una vigilia nocturna en las inmediaciones del lugar. Durante el acto, allegados de las personas bajo custodia expusieron las condiciones de riesgo en las que se encuentran los reclusos, haciendo énfasis en la falta de atención médica, la escasez de comida y el trato inhumano que reciben.
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Según denuncias de activistas, dicho paro finalizó debido a represalias disciplinarias e intimidaciones por parte de los guardias, y no por una mejora real en las condiciones del establecimiento
Los congresistas aseguraron que mantendrán la supervisión e inspecciones sobre Delaney Hall para exigir explicaciones formales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a los operadores privados. Entre las demandas prioritarias se encuentra el esclarecimiento de los fallecimientos registrados dentro del recinto, la determinación de responsabilidades por el deterioro de las instalaciones que reabrieron este año y el cuestionamiento sobre las razones que obligaron a las personas en custodia federal a soportar dichas circunstancias.
A inicios de agosto, integrantes de la comunidad migrante y organizaciones sociales cuestionaron los reportes de las autoridades federales sobre las condiciones del centro de detención Delaney Hall, luego del fallecimiento del ciudadano salvadoreño Edwin López Cornejo, de 41 años.
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El hombre estuvo detenido desde el 18 de junio, acusado por haber reingresado de manera irregular al país tras una deportación en 2006. Falleció el sábado 1ro de agosto tras sufrir una complicación de salud en las instalaciones.
El DHS confirmó el deceso e indicó que se debió a una «emergencia médica». Según la versión de la agencia, tanto el personal de la empresa GEO Group como los servicios de salud de la prisión reaccionaron de forma inmediata y solicitaron asistencia al 911. El organismo federal señaló que la causa exacta de la muerte aún requiere de evaluaciones médicas complementarias.
Sin embargo, María Cornejo, madre del fallecido, denunció que su hijo sufría de diabetes, hipertensión y episodios convulsivos, y que el viernes previo al deceso él le manifestó sentirse mal sin recibir la medicación necesaria. La familiar acusó a la administración del recinto de incurrir en negligencia médica y aseguró tener una grabación tomada en el hospital que demuestra que el hombre ingresó al centro médico sin signos vitales, por lo que exigió justicia para su hijo y su nieta, quien quedó huérfana.