El Gobierno de Cuba informó este martes una actualización de la política para la transmisión de la propiedad, importación y comercialización de vehículos de motor, remolques y semirremolques, que incorpora nuevas flexibilizaciones dirigidas a facilitar estos procesos en el país.
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En conferencia de prensa, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, explicó que las disposiciones fueron publicadas en la Gaceta Oficial Ordinaria número 64 y forman parte de las transformaciones económicas y sociales aprobadas recientemente, identificadas con los números 146, 147 y 148.
El nuevo marco normativo incluye el Decreto Ley 122, modificativo del artículo 229 del Código de Seguridad Vial; el Decreto 163, que establece las reglas y principios generales de la política, así como resoluciones de organismos de la Administración Central del Estado vinculadas a importadores, comercializadoras, precios, impuestos, requisitos técnicos y procedimientos aduaneros.
Eliminación de límites y ampliación de actores
Entre las principales novedades, Rodríguez Dávila destacó la eliminación del límite de adquisición de seis vehículos en un período de cinco años para personas naturales y jurídicas en las comercializadoras autorizadas. Asimismo, se amplía la cantidad de entidades facultadas para comercializar vehículos, con el propósito de ofrecer mayores alternativas a los compradores.
También se autoriza a personas jurídicas no estatales que cumplan los requisitos establecidos a ensamblar y comercializar vehículos eléctricos como ciclomotores, motocicletas, bicicletas y autos.
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Otra medida beneficia a los colaboradores cubanos en misiones oficiales en el exterior, quienes podrán adquirir o importar vehículos de hasta ocho pasajeros a través de cualquier comercializadora autorizada, y no únicamente mediante una entidad específica como ocurría anteriormente. Dicho vehículo puede adquirirse tanto del país en que trabajan como de otro tercero.
Incentivos fiscales y movilidad eléctrica
Rodríguez Dávila subrayó la exención del pago del impuesto especial de venta para los vehículos eléctricos adquiridos junto a sus estaciones de carga con fuentes renovables de energía, como incentivo a la transformación de la matriz energética nacional.
Igualmente, se reduce el impuesto especial aplicado a ómnibus y microbuses de 20 % a 12 %; al 7 % si fueran ensamblados en el país y al 5 % cuando sean eléctricos, en respuesta a la necesidad de favorecer la recuperación del transporte público.
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La normativa incorpora además la posibilidad de adquisición de vehículos por parte de extranjeros con residencia temporal, provisional o inmobiliaria, así como la importación directa por personas naturales, sin carácter comercial, de triciclos de combustión de hasta 250 centímetros cúbicos y de vehículos eléctricos acompañados de sistemas de carga con fuentes renovables.
Fondo para el transporte público y cifras
El ministro informó que se mantiene el Fondo para el Desarrollo del Transporte Público, financiado con una parte de los impuestos especiales aplicados a la venta de vehículos. Entre sus resultados citó la adquisición de 15 vehículos fúnebres eléctricos para La Habana, 300 triciclos eléctricos, 110 microbuses, 20 ómnibus para la Empresa de Ómnibus Nacionales y un catamarán para la Isla de la Juventud.
Al cierre de junio de 2026, se han vendido 35.494 vehículos de motor (65 % de combustión, 5 % híbridos y 30 % eléctricos), se han realizado 13.689 transmisiones de propiedad y se han importado directamente 41.963 vehículos, de ellos 19.443 ciclomotores y motocicletas eléctricas.
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«La política busca favorecer vehículos más económicos, impulsar la movilidad eléctrica, estimular la industria nacional y ampliar la participación de actores estatales y no estatales en la comercialización«, afirmó Rodríguez Dávila.