La reciente muerte de la empresaria e influencer Marie Claire González ha encendido las alarmas en Panamá, donde los feminicidios aumentaron un 86 por ciento en lo que va de 2026.

La violencia de género se ha convertido en un problema estructural que exige respuestas inmediatas. La muerte de González, ocurrida el 11 de julio del presente año, se suma a una serie de denuncias que han captado la atención de organismos internacionales. Su caso refleja la gravedad de la violencia psicológica y física que enfrentan las mujeres en el país.

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De acuerdo con su esposo, Omar Chen, la víctima había denunciado previamente a su agresor, el empresario Ilan Schatz, por “el presunto delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de violencia psicológica”. La querella fue presentada ante el Ministerio Público días antes de su fallecimiento.

Actualmente existen dos investigaciones abiertas: la primera corresponde a la denuncia interpuesta por González contra su presunto agresor; la segunda indaga las circunstancias que rodearon su muerte, que la familia considera un posible caso de suicidio inducido.

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La abogada penalista Ivonne Peña calificó el proceso como “un caso inédito por donde lo veamos, por una violencia psicológica que fue querellada en tiempo oportuno, por el suicidio inducido y también por otros patrones de conducta que hemos observado”. Subrayó que la investigación debe ser “transparente y muy responsable”.

La exministra de la Mujer, Juana Herrera, señaló que “se habla de una manera muy despectiva sobre las situaciones que ocurren con la mujer y se ha normalizado la violencia”. Recalcó la necesidad de políticas públicas de sensibilización que reconozcan la violencia como delito y promuevan la denuncia.

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En el primer semestre de 2026, Panamá registró 13 casos de feminicidio, casi el doble que en 2025. Las tentativas de agresión letal crecieron un 86 por ceinto, reflejando un panorama preocupante. Especialistas advierten que la magnitud real podría ser superior, pues muchas víctimas no denuncian y persisten condiciones estructurales de violencia de género.

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El impacto de esta crisis también alcanza al sistema judicial. En marzo, el asesinato de la fiscal Patricia Osa Sánchez a manos de su expareja motivó la creación del Protocolo Patricia, una guía para investigar feminicidios presentada el 27 de julio, que busca garantizar procesos más efectivos y con perspectiva de género.