La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó este miércoles la Ley de Tierra Agropecuaria y Forestal con el fin de actualizar el marco normativo del sector y responder a la Constitución y a las transformaciones económicas y sociales del país, con modificaciones de significativo alcance como la flexibilización de los trámites para otorgar tierras en usufructo a personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, vinculadas a proyectos de producción, o permtir la entrega a micro, pequeñas y medianas empresas privadas o mixtas.

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La legislación se estructura en 13 títulos, 27 capítulos, 118 artículos y diversas disposiciones especiales, transitorias y finales. Entre sus objetivos centrales figuran la regulación del uso sostenible de la tierra, la actualización del usufructo y la propiedad, la fijación de pautas sobre transmisiones y contratos agropecuarios, la regulación de la agricultura por contrato, el fortalecimiento de las comisiones agrarias y la creación de mecanismos para la solución de conflictos y procedimientos sancionadores.

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«Se trata de una ley que articula todo el proceso que tiene relación con las tierras y los procesos que se vinculan con ella», enfatizó el ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, quien agregó que el objetivo es incorporar más personas al trabajo agrícola, aprovechar las tierras ociosas y deficientemente explotadas e incrementar la producción de alimentos. «Lo que hace falta es ir a la tierra a producir», puntualizó.

El titular del sector explicó que la nueva disposición unifica y ordena dos decretos leyes y 20 normas complementarias en un solo texto legal. Detalló que la ley ratifica el límite máximo de propiedad privada sobre la tierra en 67,10 hectáreas, con las excepciones previstas para beneficiarios de la primera reforma agraria, además de mantener el derecho preferencial del Estado en las transmisiones onerosas.

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Entre las novedades destaca la posibilidad de acudir a la vía judicial para resolver disputas agrarias, procedimiento que antes se tramitaba de forma administrativa. Además, la ley contempla el reconocimiento de actividades complementarias como el turismo rural, ecoturismo y agroturismo en predios agrícolas o forestales.

En materia de gestión productiva, la norma flexibiliza los trámites para otorgar tierras en usufructo a personas naturales y jurídicas, tanto cubanas como extranjeras, vinculadas a proyectos de producción, y permite la entrega a micro, pequeñas y medianas empresas privadas o mixtas.

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Del mismo modo, concede facultades a las empresas estatales y a las asambleas de las cooperativas para participar en la entrega de las áreas bajo su administración, con la responsabilidad de velar por su control y explotación.

La ley también establece la inscripción paulatina de los terrenos en el Registro Central de la Propiedad de Bienes Inmuebles y dispone la creación de un registro de tierras orientado a supervisar su uso, posesión y usufructo.

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El ministro de Agricultura enfatizó que la norma da continuidad a los principios de la Ley de Reforma Agraria, ratificando el postulado de la tierra para quien la trabaja y manteniendo prohibiciones sobre la concentración de tierras, el arrendamiento, la aparcería y las hipotecas.

El proyecto se consolidó tras un proceso legislativo que contó con la participación de productores, campesinos, cooperativistas, académicos e instituciones especializadas. Desde 2022, un grupo de trabajo integrado por 53 especialistas formuló las propuestas iniciales.

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Durante la fase de consultas se involucró a miles de personas a través de encuentros presenciales y plataformas digitales, incorporando cerca de un centenar de modificaciones basadas en los criterios recibidos antes de su paso por las comisiones parlamentarias.

La aprobación de la Ley de Tierras se dio en el marco de la  del séptimo período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, correspondiente a la décima legislatura, el cual se inició el miércoles y continúa este jueves 30 de julio.

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Durante las jornadas, programadas hasta el jueves, el Parlamento examina diversos asuntos legislativos y evalúa el desarrollo de las tareas prioritarias asociadas a cambios económicos y sociales de la nación, tras el primer mes de implementadas las trasformaciones.