Más de 1.000 académicos de más de 36 países de América, Europa, Asia, Oceanía y África hicieron un llamado a la comunidad docente e investigadora a nivel internacional a «no guardar un silencio cómplice ante los crímenes que, de manera sistemática y generalizada, perpetra el Gobierno de los Estados Unidos en contra del pueblo de Cuba«.
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Por medio de un documento, denunciaron el cerco energético impuesto por la Administración estadounidense desde enero de este año, medida que se suma a las puestas en marcha durante la gestión de Donald Trump y a las más de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero mantenido por Washington contra la nación caribeña.
Los firmantes sostienen que la política de medidas coercitivas unilaterales contraviene de forma abierta el derecho internacional, configurando un «castigo colectivo» contra la población cubana y tipificándose como crímenes de lesa humanidad debido a sus consecuencias socioeconómicas y sanitarias directo.
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Como evidencia del impacto de estas sanciones sobre la vida de la población civil, el pronunciamiento advierte sobre el vertiginoso incremento del 148% en la tasa de mortalidad infantil en la isla. El indicador pasó de 4 muertes por cada mil nacidos vivos en 2018 a 9,9 en 2025, un deterioro vinculado de forma directa al desabastecimiento de insumos médicos y al cerco económico.
Llamado a la ética académica y denuncia de su instrumentalización
En el texto, la comunidad intelectual internacional resalta «con mucha esperanza el surgimiento de voces de académicos en Estados Unidos y otros países que, con rigor y valentía, denuncian estos crímenes» y exigen el cese de las hostilidades contra La Habana.
No obstante, los académicos signatarios lamentaron la postura de sectores del ámbito universitario internacional que se alinean con la narrativa del Departamento de Estado de EE.UU., advirtiendo que cierta producción académica carece de rigor, de debate y es instrumentalizada para justificar la continuidad de las aglomeraciones y sanciones contra el pueblo cubano.
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Este año, la Administración de Trump ha recrudecido severamente a La Habana mediante sanciones económicas, financieras y, de forma más reciente, energéticas al intensificar la presión sobre sectores estratégicos como la energía, las finanzas, la minería, la construcción y los servicios médicos; el desabastecimiento de combustible derivado de las sanciones ha impactado de manera directa en la generación eléctrica, el transporte, la producción de alimentos y la prestación de servicios esenciales de salud y educación en la isla.