El secuestro de ocho campesinos, incluidos dos menores de edad, mantiene en vilo a los ciudadanos de El Balcón, un humilde ejido ubicado en la localidad de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, uno de los estados más pobres de México, en un caso que demuestra el poder de los cárteles y la violenta disputa por los territorios que existe en este país.
«Han transcurrido 11 días desde la privación de la libertad de nuestros compañeros y, hasta este momento, los resultados por parte de las autoridades son nulos«, advirtieron los pobladores este lunes en un comunicado en el que denunciaron la falta de respuesta de las autoridades estatales y federales y exigieron la intervención del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
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«Hemos comenzado a emprender acciones de la mano de las organizaciones internacionales de las que formamos parte, recurriendo a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y presentando las acciones correspondientes ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», agregaron al anunciar que ya preparan una movilización «de gran magnitud».
La tragedia inició el pasado 24 de septiembre, cuando miembros del cártel La Nueva Familia Michoacana secuestraron a un grupo de campesinos que se dirigían a trabajar sus tierras.
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El portal La Silla Rota logró develar la identidad de las víctimas. Se trata de Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años; Everardo León Atanacio (17); José Leodanis Medrano López (24), Ulises Medrano López (24); Isidro Brito Arriola (32); Domingo Atanacio Quirino, (50); Fidel Quirino Atanacio, (54) y Nicolás Atanacio González (74).
La extorsión
Nicolás, el más viejo, es el abuelo de Jordi Alberto, el más joven y el único liberado hasta ahora pero no como un gesto de piedad, sino para extorsionar a la comunidad. El niño, que fue rescatado por militares en un paraje, llegó con un mensaje de La Nueva Familia Michoacana: solo liberarán a los otros siete secuestrados a cambio de que les permitan operar en este territorio.
Los ciudadanos se resisten a sucumbir a una brutal organización que fue desplazada por grupos rivales de Michoacán y que hoy tiene su centro de operaciones ilegales en Guerrero, principalmente con el tráfico ilegal de drogas.
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En medio de la conmoción, miles de personas marcharon el pasado viernes para exigir la liberación de las siete víctimas que siguen en manos del cártel, así como la reacción de las autoridades, pero la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, se mantiene en silencio.
Según un reporte de la revista Proceso, ese día Juan Atanacio Orozco, padre del niño liberado, e hijo del anciano que permanece en manos de los narcos, denunció: «parece que ahora cultivar maíz y cuidar a nuestros animalitos es un delito. Ya no sabemos qué hacer, somos gente humilde, trabajadora. Y el gobierno nos está dejando solos».
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En estos 10 días, la búsqueda la ha encabezado, sin éxito, la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, un organismo creado por la gobernadora. «Desde la región Tierra Caliente se mantiene activo el despliegue interinstitucional para reforzar la seguridad y apoyar en la búsqueda de personas reportadas como no localizadas en comunidades de Ajuchitlán del Progreso», señala el último reporte publicado el sábado, un día después de la marcha en que los pobladores advirtieron que el tiempo y la paciencia ya se les agotó.