En la primera semana de vigencia de la ley californiana sobre plásticos de un solo uso, la controversia aumentó entre organizaciones ambientalistas y la industria del envasado, que ya anticipan acciones legales por las exenciones incluidas en la normativa.
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La legislación, conocida como Plastic Pollution Prevention and Packaging Producer Responsibility Act (SB 54), establece un cambio clave: Los productores serán responsables del costo y la gestión de los residuos plásticos, en lugar de los consumidores o gobiernos locales.
El objetivo a largo plazo es que, para 2032, todos los envases sean reciclables o compostables en California. Esto obliga a las empresas a rediseñar productos, revisar cadenas de suministro y adaptar contratos desde etapas tempranas de implementación, que comenzarán a aplicarse plenamente en 2027.
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De acuerdo con estimaciones del sector, el costo de gestión de ciertos materiales podría aumentar significativamente, lo que también podría trasladarse a los precios finales para los consumidores.
En 2023, el estado registró el uso de millones de toneladas de plásticos de un solo uso, lo que refleja la magnitud del problema que la ley busca enfrentar.
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Sin embargo, el reglamento ha generado críticas. Ambientalistas advierten que algunas exenciones y el uso de ciertas tecnologías de reciclaje podrían debilitar el impacto de la norma o incluso crear vacíos regulatorios. Desde la industria, en cambio, se cuestiona el aumento de costos y la complejidad de cumplimiento.
