El Tren Maya de México, obra emblemática latinoamericana entregada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta a una difícil situación financiera para sostener su funcionamiento debido a la notable diferencia generada entre los ingresos que obtiene por prestar el servicio y los costos de mantenimiento para sostener sus operaciones.
Según un reportaje publicado por el diario Reforma, en 2025 el megaproyecto captó cerca de 550 millones de pesos (más de 31 millones de dólares) por concepto de venta de pasajes y servicios. Sin embargo, el mantenimiento de sus vías e infraestructura demandó más de 1.110 millones de pesos (63 millones de dólares).
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Esta disparidad representa un costo de conservación que duplica con creces la recaudación total que obtiene el sistema de transporte ferroviario, que tiene que recurrir a contrataciones millonarias de empresas privadas para mantener en óptimo rendimiento todo el sistema ferroviario en distintos puntos claves como atención técnica, electrificación, plataformas digitales, inspecciones minuciosas y cuidados de vías, entre otros de vital importancia.
Aunque el proyecto tenía altas expectativas de mejorar su rentabilidad para este año, las cifras financieras relevadas por el periódico indican que persiste una marcada tendencia a la baja en la recaudación comercial. Mientras las estimaciones oficiales proyectaban alcanzar 1.271 millones de pesos (72,83 millones de dólares) para este 2026, el comportamiento registrado entre enero y marzo apunta a un ingreso anual aproximado de apenas 539 millones de pesos (30,89 millones de dólares), monto incluso inferior al de 2025.
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Esta restricción en la generación de recursos propios obliga al Tren Maya a mantenerse en una fuerte dependencia del auxilio financiero estatal para no paralizar sus actividades cotidianas. De acuerdo con el mencionado reporte, en 2025 la sustentabilidad del transporte ferroviario requirió subsidios millonarios por parte del Estado de unos 4.333 millones de pesos (más de 248 millones de dólares) que fueron pagados a través de un fideicomiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y fondos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
La situación plantea entonces un panorama operativo que expone un profundo desafío estructural en la sostenibilidad a largo plazo del megaproyecto insignia de México y de la región. La necesidad continua de cuantiosos subsidios públicos para cubrir gastos operativos mínimos pone sobre la mesa varias interrogantes sobre la viabilidad económica futura de la megaobra.