El gobierno de Daniel Noboa, en Ecuador, mantuvo los aranceles a productos de Colombia y presentó cuatro recursos ante la Comunidad Andina para intentar revertir las órdenes que le exigían desmontarlos antes del 21 de mayo, lo que prolonga la disputa comercial enre los dos países, originada por tensiones de seguridad en la frontera común.
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La ofensiva jurídica ecuatoriana incluye dos recursos que le piden a la Secretaría General de la CAN reconsiderar la petición y dos acciones de nulidad ante el Tribunal de Justicia del bloque.
La Secretaría tiene 45 días hábiles para pronunciarse sobre los recursos, mientras que el tribunal podría tardar más de dos años en resolver las acciones de nulidad.
Aunque la respuesta oficial de Quito no suspende los efectos de las resoluciones de la CAN, Ecuador decidió no desmontar por ahora la medida y conservará el cobro de los aranceles sobre los bienes colombianos mientras se tramitan esos procedimientos.
El gravamen actual es de 100%, pero el gobierno de Noboa ratificó que bajará a 75% a partir del 1 de junio.
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Ecuador sostiene que esa medida es una “tasa de seguridad”, porque Quito le atribuye a Colombia una colaboración insuficiente en el combate de la minería ilegal y el narcotráfico en la zona de frontera. El contenido de los recursos y de las acciones presentadas no fue divulgado.
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La controversia se mueve dentro de las reglas del propio bloque andino. La CAN, integrada por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, supervisa el cumplimiento de las normas de integración económica y resuelve controversias entre los países miembros, en un esquema que tiene como base la libre circulación de bienes.
El origen inmediato del choque comercial se remonta al primero de febrero del presente año, cuando Ecuador inició la presión arancelaria con impuestos del 30%. Colombia respondió con un arancel recíproco el 24 de febrero.
El primero de mayo, Ecuador elevó el arancel al 100%. Por su parte, el Gobierno de Colombia contestó desde finales de abril con impuestos del 35% al 75% sobre 191 productos ecuatorianos.
Entre las acciones de Ecuador figura un recurso de reconsideración y una acción de nulidad contra la Resolución 2582. En esa resolución, del 7 de mayo de 2026, la Secretaría General de la CAN advirtió que el gravamen ecuatoriano “vulnera el Programa de Liberación de la Comunidad Andina consagrado en el Acuerdo de Cartagena”.
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Petro indicó que la medida debe ser “inteligente” y favorecer la producción colombiana
Diferenciándose de la postura adoptada por el gobierno ecuatoriano. La disputa comenzó tras la imposición de aranceles recíprocos: Ecuador aplica un 100% a ciertos productos colombianos (que reduciría al 75% desde junio), mientras Colombia subió los suyos entre el 35% y el 75% a productos ecuatorianos.
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Esto provocó una caída significativa del comercio bilateral, con pérdidas superiores a US$340 millones, afectando a miles de empresas y empleos en ambos países, especialmente en regiones fronterizas como Putumayo y Nariño.
La Comunidad Andina intervino, ordenando a ambos países que retiren los aranceles y den marcha atrás en las restricciones, argumentando que estas medidas contravienen el Acuerdo de Cartagena y afectan el libre comercio regional.
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El gobierno colombiano busca una estrategia arancelaria que defienda la producción nacional, en medio de presiones de sectores productivos y de organismos multilaterales, sin replicar las acciones ecuatorianas de manera automática.
